Los tres grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado por unanimidad el proyecto de ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, que garantiza los derechos humanos y constitucionales de este colectivo, la igualdad efectiva y el derecho a la no discriminación.
Este proyecto de ley, que ha sido el primer punto del orden del día del pleno celebrado este jueves, ha llegado a su debate parlamentario sin enmiendas parciales de los grupos parlamentarios -ya que la mayoría de las presentadas fueron aceptadas en comisión y el resto fueron retiradas- y las tres portavoces de Cs, PP y PSOE han expresado su apoyo y han celebrado su aprobación.
En concreto, esta ley tiene como objeto la consolidación y ampliación de los derechos de personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales o trans e intersexuales, y la adopción de medidas concretas mediante la puesta en marcha de políticas públicas que garanticen el libre desarrollo de la personalidad, para evitar situaciones de discriminación y violencia, y asegurar que en Castilla-La Mancha se pueda vivir la diversidad sexual en plena libertad.
Asimismo, uno de los objetivos fundamentales de esta ley es promover estudios que aporten datos sobre esta realidad y regular la garantía estadística de los mismos, al tiempo que se compromete con la protección de la infancia y la adolescencia.
También se crea la comisión de Diversidad, el Consejo LGTBI, como un órgano consultivo y de participación ciudadana en materia de derechos y libertades de las personas LGTBI e incluye la puesta en marcha de un sistema de acogida residencial para personas LGTBI en situación de especial vulnerabilidad o exclusión a causa de su orientación sexual.
La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Blanca Fernández, ha subrayado que es una ley necesaria, ya que aunque la Constitución blinda los derechos y libertades de todos los ciudadanos, la Carta Magna "no es suficiente", sino que tiene que desarrollarse a través de leyes que, como en este caso, "protege derechos fundamentales" y ha destacado asimismo, que ha sido una norma "muy trabajada" y muy consensuada con los colectivos, cuyos representantes han seguido el debate desde la tribuna de invitados.
Asimismo, ha celebrado la unanimidad concitada en torno a la norma, porque "es un gesto imprescindible en un momento convulso".
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