El sindicato UGT Castilla-La Mancha ha pedido este miércoles en Cuenca más medios para prevenir los incendios forestales en Castilla-La Mancha y un nuevo convenio en la empresa pública de Gestión Ambiental (Geacam).
Denuncian que la política forestal de la región es "deficiente", debido a la falta de inversión en vehículos, en mejora de condiciones laborales y en personal, ha informado UGT en nota de prensa.
Los delegados de UGT en Geacam y en la Junta de Personal, José Azcoitia, Milagros Mayordomo y Diego Rubio, han lamentado que siga vigente la orden de prevención y extinción de incendios forestales aprobada en 2013 por el Gobierno regional además de que este año se haya recortado en 22 días la campaña.
Azcoitia ha avanzado que desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2020 ha habido 687 incendios forestales en la región, de los cuales solo el 30 por ciento ha pasado de ser conato y se han quemado cerca de 800 hectáreas menos que el año anterior.
Sin embargo, ha considerado que estos datos no se deben a una política forestal suficiente en medios, sino al confinamiento y a una primavera un 37 % más lluviosa que el año anterior.
En cualquier caso, ha instado a "no relajarse" porque ha aumentado el combustible en disposición de arder y hay más superficies sin limpiar, ya que parte del personal de Geacam se ha dedicado a acciones contra la COVID-19.
Con todo, el sindicato ha pedido la contratación de un 30 % de agentes medioambientales que faltan según lo establecido por el Plan de Conservación del Medio Natural, ya que ha advertido de que este sábado 22 de agosto se abre la media veda y "no hay ni un solo agente para vigilar el cumplimiento de la normativa vigente".
También ha solicitado inversión en vehículos que llevan cinco años en abandono, así como una ley básica de agentes medioambientales y forestales y el paso al grupo 9B según lo establecido en la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha.
Por otro lado, los representantes sindicales han pedido la reanudación de la negociación del convenio de Geacam, caducado hace ocho años, ante la bajada en los niveles de contratación y el incumplimiento de la tasa de reposición.
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