El Supremo admite el recurso de Castilla-La Mancha contra el bono social eléctrico de Rajoy

Se abre un nuevo frente judicial entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y el de Mariano Rajoy: el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso del Ejecutivo de Emiliano García-Page contra el polémico ‘bono social’ eléctrico aprobado el pasado mes de octubre. Han criticado esta medida, basada en criterios de renta y que supone descuentos de hasta el 50% en la factura de la luz, se han posicionado la mayoría de partidos políticos y entidades sociales que luchan contra la pobreza energética. Castilla-La Mancha ya calificó este proyecto como una “trampa irresponsable” al establecer que sean los servicios sociales, es decir, la Administración autonómica, los “responsables” de posibles impagos. Esto no solo “sobrecarga” a los trabajadores sociales, sino que da al traste con el Plan contra la Pobreza Energética de esta comunidad autónoma y de otros similares en el resto de regiones.

El Gobierno castellano-manchego decidió recurrir esta medida de Moncloa tras haber estado estudiando el decreto durante meses, según informan a eldiarioclm.es fuentes del Ejecutivo regional. En su día ya presentó alegaciones a un borrador que rechazaba porque invadía competencias de la comunidad autónoma, y también en este caso las ha registrado desde la Consejería de Bienestar Social, desde la de Sanidad y desde la Dirección General de Energía.

Según explicó el director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara, el bono social establece una serie de bonificaciones que trasladan a los servicios sociales autonómicos la responsabilidad “e incluso la culpa” de futuros impagos de la factura de la luz. “Esto es una barbaridad”, afirmó, sobre todo cuando “todas las comunidades autónomas tenemos prestaciones económicas para hacer frente a situaciones de emergencia, así como convenios con las compañías eléctricas donde les avisamos de que no se realice un corte de suministro y establecemos un plazo mientras hacemos un acompañamiento a la familia”.

Con el nuevo decreto, que además se aprobó “sin pacto ni negociación”, el Estado ahora remite misivas a los usuarios en situación de pobreza aconsejándoles que si tienen problemas para pagar, acudan a los servicios sociales. Es decir, la Administración autonómica se queda con ese 50% de la factura para que a estas personas no se les corte el suministro. “Nos traslada así esa responsabilidad, no a la compañía ni al Ministerio, sino a nuestros servicios sociales, que son la primera puerta de entrada para los más desfavorecidos”.

Otro de los motivos para el recurso es que la Junta puede verse obligada a revisar su Plan contra la Pobreza Energética, que forma parte del Plan de Garantías Ciudadanas y donde se incluyen convenios con las empresas eléctricas para pedirles que frenen cortes de suministro. Ahora estas empresas deben atenerse al decreto y decirle a los usuarios que acudan a los servicios sociales si no pueden pagar.

Por todo ello ha estado en contacto con otras comunidades autónomas para medir el “impacto y desborde” de los servicios sociales. Desde Bienestar Social recuerdan que las autonomías ya gestionan su propio sistema de prestaciones económicas y de emergencia social ante impagos, en el caso de Castilla-La Mancha “con precisión técnica y con intervención social”. “Por lo tanto, no es que no queramos pagar, ya lo estamos haciendo, pero esto viene a sobrecargar a nuestros trabajadores sociales, que todavía están recuperándose después de la crisis”.

De momento, Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que se ha sumado a una iniciativa que ya inició el Ayuntamiento de Barcelona, que la recurrió el pasado mes de diciembre. También han iniciado este proceso, por la vía contencioso-administrativa, las cinco grandes empresas eléctricas: consideran que no se deben imponer más gastos a las comercializadoras de último recurso, que ya se encuentran en pérdidas por el escaso margen que se les reconoce.