El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha descartado que haya posibilidad de llegar a un acuerdo en materia de financiación entre el Estado y las Comunidades Autónomas si no se tiene en cuenta la igualación del acceso a los servicios básicos para todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan.
Así lo ha asegurado en una entrevista concedida este jueves al programa ‘Los desayunos de TVE’ de Radio Televisión Española, en el que el presidente del Ejecutivo autonómico ha abordado diversos temas de actualidad como la situación hídrica de España o las encuestas de cara a las elecciones autonómicas de 2019, entre otros.
El presidente regional ha defendido la necesidad de prestar de manera igualitaria en todas las comunidades autónomas servicios públicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales, que representan el 90% del gasto que gestionan las administraciones regionales, teniendo en cuenta la multiplicación de recursos necesarios cuando la población se encuentra tan dispersa como en el caso de Castilla-La Mancha.
“Sólo habrá acuerdo si se computa la igualación de los servicios públicos”, ha subrayado García-Page, para quien este principio resulta “elemental”, ya que “gestionar los servicios públicos se tiene que hacer donde está la gente y no sólo atendiendo al número” de personas.
Tal y como ha explicado el presidente del Ejecutivo castellano-manchego “nos estamos jugando si la prestación de servicios es igual en todo el Estado”, por lo que también ha advertido que la convocatoria de un eventual e inminente Consejo de Política Fiscal y Financiera, como ha anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debería contar con la participación de todas las comunidades autónomas.
En este punto, el presidente regional se ha referido a la posibilidad de abrir un diálogo en paralelo sobre financiación con Cataluña como un escenario “peligroso”, pues “ese modelo nos afecta a todos y debemos decidirlo entre todos”; y ha reclamado una reflexión sobre el peso que ha tenido la falta de un acuerdo en materia de financiación en el nivel de tensión política y social por el que actualmente atraviesa Cataluña.
“Aquí se está poniendo en riesgo si el Estado va a asumir o no un concepto de negociación bilateral aparte o con criterios distintos para Cataluña”, lo cual “hace casi imposible que haya claridad en el debate de ahora”, además de ser “delicado” que se negocie entre las comunidades autónomas y el Gobierno central sin que en esa mesa de negociación se encuentre representado el Gobierno catalán.
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