Tres años después de su entrada en vigor, llegó el final de la polémica Ley de Caza de Castilla-La Mancha que aprobó el Gobierno de María Dolores de Cospedal durante la pasada legislatura. El pleno de las Cortes regionales ha aprobado la reforma de esta normativa con los votos a favor de PSOE y Podemos, y el rechazo del PP, después de dos años de negociaciones y más de un centenar de reuniones con todos los sectores afectados, algunos de cuales, como la Plataforma contra la Ley de Caza (que agrupa a más de 40 colectivos y que consiguió más de 100.000 firmas contra la normativa), han estado presentes en la tribuna de invitados.
Esta reforma incluye numerosas novedades como la priorización del uso público de montes y caminos para actividades como la micología, el fomento de la denominada "caza social", la prohibición del calibre 22 y del lanceo de jabalí, la obligatoriedad de descargar el arma a menos de 50 metros de los no cazadores, y la captura prioritaria en vivo de animales asilvestrados, como perros y gatos. También otorga mayor autoridad a los agentes medioambientales, que podrán decomisar las armas a los cazadores. Son cambios que han llevado a la Mesa regional de la Caza a pedir su “retirada total” y que han provocado que los ‘populares’ hayan realizado una encendida defensa del sector denunciando la “podemización radical” de la ley.
El debate lo ha iniciado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha defendido las “virtudes” de la reforma y ha recordado que la normativa actual del PP se realizó sin interlocución ni consenso. “Puedo decir con mucho orgullo que nosotros lo hemos intentando”, ha destacado, agradeciendo la presencia de la Plataforma en Contra de la Ley de Caza, pero también mostrando su respeto por el rechazo a la nueva ley que finalmente ha mostrado buena parte del sector cinegético. Lo importante, ha dicho, es que ahora el texto “es mejor para el conjunto de la ciudadanía”.
A este respecto, ha querido hacer hincapié en la regulación de la “caza social”, la que “hace que el medio rural esté vivo” y en la recuperación por tanto de los cotos sociales que derogó la normativa de Cospedal. “Para que esta actividad se mantenga no hay que apostar por modelos que la sociedad no entiende ni quiere. La ciudadanía quiere caza moderna, sostenible y que apueste por el desarrollo rural”.
Posteriormente, también la diputada del PSOE Carmen Torralba ha destacado varios aspectos de la ley y ha mantenido un crudo debate parlamentario con el parlamentario del PP Francisco Núñez. Este último ha comenzado haciendo referencia a los miembros de la Plataforma en defensa de la Agricultura Ecológica que se han manifestado a las puertas de las Cortes, motivo por el que parte del debate se ha mezclado entre ambas cuestiones. Después, ha acusado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de no estar presente, afirmando que “la caza no le importa” ni “quiere preocuparse del desarrollo de los pueblos”. “No quiere venir a defender una reforma de la que se avergüenza”.
El diputado del PP después ha leído entero el comunicado colectivos cinegéticos contra la reforma de la ley y ha seguido arremetiendo contra el Gobierno regional afirmando que “abraza a la radicalidad más extrema” junto con Podemos para “arrojar a los cazadores a los pies de los caballos”. Finalmente ha hecho una encendida defensa de la Ley de Cospedal: ha rechazado que se prohíba el calibre 22, que los cazadores tengan que descargar el arma cuando haya personas a menos de 50 metros, que se priorice el uso del monte para no cazadores y que se aumente el régimen sancionador.
Pero uno de los puntos más debatidos ha sido el referido al aguardo nocturno para la caza del jabalí. Según el diputado, esta modalidad se deroga en la ley, algo que han vuelto a negar desde el PSOE, recordando que el texto ahora se remite al reglamento que se aprobará posteriormente. La diputada Torralba también ha llegado a preguntar a los ‘populares’ si quieren “seguir matando perros y gatos como si fueran piezas de caza” (en referencia la modificación sobre captura de animales asilvestrados) y ha cuestionado los intereses por los que el PP no aprueba que se aumenten las multas, cuando con ello se recuperan las del régimen sancionador de 1993.
Otro de los núcleos del debate se ha desarrollado en torno al aumento de 14 a 16 años como edad mínima para cazar que, como ha recordado el diputado de Podemos David Llorente (partido que ha defendido esta propuesta desde el inicio de la tramitación) ha provocado un “vivo debate social”. Tras recordar que se trata de una medida ya aprobada por el Gobierno de Galicia (del PP), ha querido refutar el argumento del “poderoso lobby cinegético”, que se opone a este aumento de la edad mínima porque con ello se cortaría el relevo generacional. Según Llorente, el “declive” del sector se viene produciendo desde hace décadas por otros motivos que "nada tienen que ver": cambios económicos y sociales, aumento de la sensibilidad contra el maltrato animal y desarrollo de actividades alternativas de ocio.
Podemos: “Castilla-La Mancha no es la América de Donald Trum ni nadie ha elegido a la Asociación del Rifle para gobernar”
“Castilla-La Mancha no es la América de Donald Trum ni la gente ha elegido en esta región a la Asociación Nacional del Rifle para gobernar”, ha subrayado, insistiendo en que, aunque el reglamento estatal de armas permite la edad mínima de 14 años, las comunidades autónomas pueden modificar esa premisa con leyes orgánicas de mayor rango. No ha convencido con ello al Grupo Socialista. La diputada Carmen Torralba ha insistido en que la regulación es de ámbito nacional y europeo, y ha argumentado que la única competencia autonómica es permitir cazar a ese menor que ya tiene licencia.
Finalmente ha sido aprobado el proyecto de ley con los votos a favor de PSOE y Podemos. Además de los cambios mencionados, esta reforma incorpora otras novedades como la obligatoriedad de que se realice una evaluación ambiental en zonas de caza intensiva que se encuentran en áreas naturales “sensibles”. También se recuperan las áreas colectivas para sociedades de caza en los pueblos, de forma que se puedan implantar sin necesidad de desarrollo reglamentario, y eliminando trabas burocráticas.
Asimismo, se contemplan exenciones de licencias de caza y pesca para jubilados mayores de 65 años residentes en la comunidad autónoma, se reducen en un 15% las tasas de cotos sociales que estén federados; y se recupera la responsabilidad de los titulares cinegéticos en el uso ilegal de venenos en el medio natural. Otras novedades son la eliminación de prácticas no sostenibles como el lanceo del jabalí. Con esta modalidad está relacionada también la futura Ley de Bienestar Animal, todavía pendiente de tramitación, que por su parte prohibirá el tiro al pichón.
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