El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha trasladado este sábado a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP-CLM) todo el apoyo del Gobierno regional, una colaboración con las entidades locales que se refleja en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2020, en el que se contemplan 225 millones de euros para la financiación de las actuaciones que se hacen a través de las entidades locales.
Ruiz Molina ha trasladado este mensaje de colaboración durante su intervención en el acto de clausura de la XII Asamblea General de la FEMP-CLM, en la que la alcaldesa de Talavera de la Reina (Toledo), Tita García Élez, ha sido designada nueva presidenta de este órgano.
Tras felicitar a la presidenta saliente de la FEMP-CLM, Mayte Fernández, Ruiz Molina ha deseado lo mejor a la nueva presidenta, además de a todo su equipo, para los próximos cuatro años, en los que tendrán que enfrentarse a importantes retos como “el reto demográfico, los objetivos de la Agenda 2030, la introducción de las nuevas tecnologías en el funcionamiento de los servicios públicos y la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica y local, entre otros”.
Antes de referirse a algunos de estos retos, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha mostrado la “solidaridad y el apoyo” del Gobierno de Emiliano García-Page a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a los Mossos d’Esquadra, por los días que llevan haciendo frente a la violencia en Cataluña, lo que ha provocado el aplauso del centenar de asistentes a la asamblea.
Definir competencias
Ya en lo referente a la negociación de la nueva financiación autonómica y local, Ruiz Molina ha indicado que una de las claves será “definir cuáles son las competencias que viene prestando cada nivel de administración pública para que la tarta común a nivel nacional de los impuestos que pagan los ciudadanos se reparta en función de los servicios que presta cada administración”.
En este sentido, Ruiz Molina ha recordado que las administraciones autonómicas y locales son las que prestan los servicios más cercanos a los ciudadanos y los más inelásticos en relación con el ciclo económico.
Una vez repartida esa tarta de recursos totales, el siguiente punto, ha continuado Ruiz Molina, es garantizar que los ciudadanos tengan la misma calidad o el mismo nivel de prestación de servicios públicos, con independencia de la capacidad económica que tenga cada territorio. “Para ello, hay que analizar la idiosincrasia propia de cada comunidad autónoma como es la dispersión de la población, la superficie o el envejecimiento”, ha enfatizado al respecto. En definitiva, “es hacer efectivos los principios constitucionales de suficiencia e igualdad”.
El tercer principio constitucional que ha abogado Ruiz Molina por introducir al hablar de financiación de las administraciones territoriales es el de solidaridad, ya que “la financiación también debe ser un instrumento de convergencia para reducir las diferencias de renta y riqueza que hay entre los diferentes territorios”.
Finalmente, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas se ha referido al principio de autonomía financiera, es decir, desvincular la financiación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales de que haya o no Presupuestos Generales del Estado y de que haya o no un Gobierno regional en funciones.
Colaboración para la formación en prevención de la violencia de género
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas también ha mencionado durante su discurso las diferentes áreas de colaboración que mantienen el Gobierno regional y la FEMP-CLM, entre ellas, la formación de los empleados públicos locales, a lo que el Ejecutivo autonómico ha destinado más de un millón de euros entre 2016 y 2019.
También se ha referido a la actuación puesta en marcha más recientemente entre el Gobierno regional y la FEMP-CLM, un convenio suscrito entre ambas partes para formar a los cargos electos y al personal de las entidades locales en materia de violencia de género.
