Los presupuestos regionales para 2018 contemplan 278 millones de euros más que los de este año

El Gobierno regional ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2018, que se incrementa un 3,1 por ciento con respecto al del año pasado, más de 278 millones de euros, hasta alcanzar los 9.219 millones de euros. Este mismo martes, tras ser aprobado en Consejo de Gobierno, se ha registrado en las Cortes regionales para comenzar con su tramitación parlamentaria, al objeto de que pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero.

En línea con los presupuestos aprobados hasta el momento, el proyecto de este año recoge un escenario macroeconómico más prudente que el estimado por algunos de los principales servicios de estudios económicos, ya que mientras que el crecimiento del PIB real previsto en el proyecto de Ley para Castilla-La Mancha es idéntico al de España, BBVA Research, por ejemplo, estima que Castilla-La Mancha crecerá este año y el que viene por encima de la media nacional.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha subrayado que estas cuentas regionales son un capítulo más en el plan de recuperación social y económica de la región, que ha permitido hasta el momento diversos avances en ambos ámbitos, con la creación de 46.000 empleos, una bajada del paro de cerca de un 20 por ciento, la creación de más de 6.000 empresas, la reducción de las listas de espera un 29 por ciento, el incremento de un 43 por ciento del número de personas atendidas en dependencia o la convocatoria de dos ofertas de empleo público de 2.244 plazas.

Según ha explicado Ruiz Molina, el presupuesto de 2018 se centra en la ciudadanía, con lo que se pretende avanzar en el Estado de bienestar para devolver a los castellano-manchegos el pago de impuestos a través de unos servicios públicos de calidad, en especial, a aquellos que más lo necesitan. Por eso motivo, ha continuado Ruiz Molina, el segundo factor en el que se centra el presupuesto 2018 es la economía, para generar riqueza y empleo, y para ello se apuesta por la inversión empresarial y se aumentan los recursos para I+D+i.

El proyecto de Ley de Presupuestos para 2018 tiene como objetivo mantener el rigor de las finanzas públicas, con una mayor solvencia financiera y más eficiencia en el gasto administrativo, todo ello con una congelación fiscal por segundo año consecutivo.

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha subrayado que el presupuesto no financiero para el próximo año asciende a 7.609 millones, es decir, un 2,7 por ciento más, con lo que todas las políticas de gasto recogidas en el mismo, a excepción de Servicios de Carácter General y Agricultura, en este caso por el enorme peso de sus fondos finalistas, crecen más.

Desarrollo Económico y Empleo es la política de gasto con un mayor incremento porcentual, ya que crece un 7,1 por ciento, tres veces más que el presupuesto no financiero. Le sigue Infraestructuras generales, Urbanismo y Vivienda, cuyo crecimiento es del 5,6 por ciento.

También se sigue consolidando con fuerza el fomento de la competitividad de la región, con lo que las políticas de I+D+i y Nuevas Tecnologías se incrementan un 3,7 por ciento, un punto más que el gasto no financiero.

176,8 millones de euros más para gasto social

Las políticas que conforman el gasto social también crecen por encima del presupuesto no financiero, ya que Educación, Cultura y Deportes se incrementa un 4,4 por ciento; Servicios Sociales lo hace un 3,6 por ciento y Sanidad un 2,9 por ciento.

En total, el 70,3 por ciento del gasto no financiero se destina a gasto social, un porcentaje idéntico al de los presupuestos de 2016 y 2017, lo que refleja el esfuerzo del Gobierno en llevar a cabo la reconstrucción del Estado de bienestar.

Así, en 2018 se destinarán a gasto social 176,8 millones de euros más que este año, lo que supone un incremento del 3,5 por ciento, ocho décimas más que el crecimiento previsto para el conjunto del gasto no financiero. Una apuesta por el gasto social que también se refleja en la inversión en infraestructuras de carácter social, que se incrementa un 17 por ciento, con 13,4 millones más. Por áreas, la inversión en infraestructuras educativas crece un 6,4 por ciento; en infraestructuras sanitarias un 19,5 por ciento y en las destinadas a servicios sociales hasta el 56,2 por ciento.

Los recursos destinados a gasto social permitirán en Educación el pago del profesorado interino en verano en vacante a 1 de septiembre, la reducción de las horas lectivas, 60 actuaciones en infraestructuras educativas, una mayor financiación de las universidades públicas y la dotación del 1 por ciento cultural, con más de 1,2 millones.

En Sanidad, contemplan la prestación farmacéutica subvencionada para los menores con discapacidad; el Plan de Renovación Tecnológica, con 18 nuevos equipamientos; la continuación de las infraestructuras hospitalarias y el impulso a las obras de los centros de Atención Primaria.

Aumentar la partida destinada al Ingreso Mínimo de Solidaridad, más residencias para mayores y personas con discapacidad, incrementar el termalismo social y el termalismo terapéutico, destinar más recursos y profesionales para teleasistencia y ayuda a domicilio y la apuesta por transporte social para personas mayores son algunos de los avances que en el área de Bienestar Social permitirán las cuentas para el próximo año.

En empleo público será posible la devolución de la totalidad del 3 por ciento salarial a los empleados públicos y la aprobación de nuevas ofertas de empleo público.

Unos 2.000 millones para desarrollo económico y empleo

Los recursos para el desarrollo económico y la creación de empleo se incrementan un 6,1 por ciento, destinándose 86,8 millones de euros al nuevo Plan de Empleo y 55,4 millones al Plan Adelante. En Economía y Empleo habrá más ayudas para mejorar la competitividad empresarial, se pondrá en marcha el III Plan de Formación Profesional y se apostará por la red de hospederías.

La modernización y transformación de regadíos, la mejora y el acondicionamiento de caminos rurales, los créditos para la reconstrucción del viñedo y las ayudas a proyectos agrarios de carácter medioambiental, son algunos de los avances que serán posibles en el área de Agricultura y Medio Ambiente.

Finalmente, en el área de Fomento con las cuentas regionales para el próximo año se pondrá en marcha el Plan de Vivienda 2018-2020, se apostará por el despliegue de la banda ancha, se mejorará la red de depuración de aguas y se potenciará la tarifa de descuento para jóvenes en el transporte público. En total, el gasto para la generación de riqueza ascenderá a unos 2.000 millones de euros.

Plan Integral de Garantías Ciudadanas

Respecto al Plan Integral de Garantías Ciudadanas, estará dotado con 143 millones de euros, de los que 84,6 se destinarán a empleo; 29,9 a servicios sociales; 17,2 a vivienda; 11 a educación y 0,3 millones a igualdad.

Ruiz Molina se ha referido a los ingresos, destacando que en 2018 no se van a modificar los impuestos que tiene que abonar la ciudadanía de Castilla-La Mancha.

Las cuentas regionales se han incrementado en 1.012,7 millones desde 2015, es decir, un 12,3 por ciento. A juicio del consejero de Hacienda, si el presupuesto de 2016 fue el de la esperanza, porque con los mismos mimbres se inició la recuperación social y económica que el presidente García-Page se había propuesto; el de 2017 es el de la confianza, porque ha puesto de manifiesto que el Gobierno regional cumple lo que promete, y el de 2018 será el de la ilusión por acelerar al máximo la recuperación de Castilla-La Mancha y abordar un futuro mucho mejor del que había al inicio de la legislatura.