El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido este viernes prolongar el contrato de los rastreadores para la detección y seguimiento de los casos de coronavirus más allá del año 2020.
Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes, tras el Consejo de Gobierno extraordinario, para informar de las medidas que va a adoptar esta comunidad autónoma para evitar la expansión de la COVID-19 ante el reciente aumento de casos y la aparición de numerosos brotes.
No obstante, el titular regional de Sanidad ha destacado que Castilla-La Mancha es la región que ha realizado más contratos en toda España, un total de 6.533 desde el 1 de marzo, profesionales que se han sumado a los 30.000 con los que ya contaba el sistema sanitario público hasta esa fecha.
La figura de los rastreadores, ha considerado, podrá seguir siendo necesaria el próximo año y, en este sentido, ha subrayado que el 79,6 por ciento de los contagios son detectados porque la autoridad sanitaria los busca para comprobar si son positivos, además de que el 73 % de los brotes en la región tienen un caso cero importado.
Además, Fernández Sanz ha dicho que mientras que en los meses de marzo y abril Castilla-La Mancha era la segunda o tercera comunidad autónoma en número de casos, en la actualidad es la séptima con respecto a otras regiones, mientras que en incidencia acumulada ocupa el puesto número 10 con 72 casos por 100.000 habitantes, muy por debajo de la media que se sitúa en 142.
A pesar de todo, el consejero de Sanidad ha hecho una "llamada a la responsabilidad" porque está demostrado que la movilidad influye en el aumento de contagios así como los eventos sociales y familiares, por lo que ha pedido "por favor" a las personas que puedan tener algún síntoma que se queden en cuarentena en casa y sigan las instrucciones de la autoridad sanitaria.
Por otro lado, a preguntas de los periodistas, Fernández Sanz ha indicado que el Gobierno regional trabaja en la norma que se tiene que poner en marcha para perseguir judicialmente a quienes no cumplen con lo establecido en cuanto a medidas de prevención.
"Debemos ser implacables con los que no cumplen, para que este atentado contra la salud pública tenga castigo", ha sentenciado.
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