El futuro decreto de Procedimiento de Dependencia agilizará la valoración infantil “de especial urgencia” 

El proyecto del nuevo decreto de Procedimiento de Dependencia, que ha recibido quince sugerencias en la fase de Consulta Pública, desarrollada entre el 16 de agosto y el 5 de septiembre, “tiene como objetivo agilizar las valoraciones y priorizar las situaciones de emergencia infantil”.

Así lo ha anunciado este viernes la directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra, durante su comparecencia en la Comisión de Bienestar Social de las Cortes de Castilla-La Mancha para informar sobre las aportaciones y sugerencias recibidas en la fase de consulta pública del proceso de elaboración del nuevo decreto.

La directora general ha señalado que el nuevo decreto introducirá un procedimiento específico de valoración de la situación de dependencia para la atención de los niños “en situación de especial urgencia, al tiempo que va a profundizar en la mejora del sistema de compatibilidades iniciada con el Decreto del Catálogo de servicios y prestaciones”.

Ana Saavedra ha asegurado que será una realidad “muy pronto”, así como que se va a redactar “con todas las garantías jurídicas, cumpliendo con todos y cada uno de los trámites procedimentales, dando la más amplia participación y transparencia posible, para garantizar la seguridad jurídica” de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, avanzando en la recuperación del bienestar social de la región.

Según informa el Gobierno regional, el futuro decreto se encuadra en el Plan de Mejora del Sistema de Dependencia con el que el Gobierno del presidente García-Page ha dado seguridad jurídica a las personas dependientes con nuevas normativas, más sencillas y flexibles, como el Decreto del Catálogo de Prestaciones y Servicios, que determina la intensidad y el régimen de compatibilidades.

Entre los objetivos de esta norma se encuentran la regulación de los equipos de valoración de la situación de dependencia, los criterios para determinar la capacidad económica de la persona beneficiaria y ofrecer una respuesta ágil y adecuada a las necesidades de apoyo que presenten los ciudadanos de Castilla-La Mancha que se encuentren en situación de dependencia.

Sugerencias

En cuanto a las sugerencias recibidas, estas hacen referencia a cuestiones como la intensidad de los servicios recibidos, las bonificaciones de cotizaciones a la Seguridad Social de personas empleadas de hogar y de las personas cuidadoras no profesionales, la accesibilidad, la cuantía de las prestaciones económicas anteriores a 2012, los compromisos del cuidador familiar y la necesidad de coordinación entre profesionales de atención a personas en situación de dependencia.

En relación a su contenido, las aportaciones sugieren que se reconozca como prestación y compatible con el servicio de centro de día el acceso al transporte para acudir a los centros, que si son de entidades sociales formen parte del catálogo de la dependencia, una mayor coordinación en la prevención, cambios en el baremo de la capacidad económica, nuevos servicios y que se agilicen los expedientes sobre todo de los casos de emergencia.

Tras precisar que el futuro Decreto de Procedimiento viene a sustituir al Decreto 26/2013, de 23 de mayo de 2013, del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, que sustituyó al de 2009, Saavedra ha recordado que el Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, aprobado por el Gobierno de Rajoy “ha tenido graves consecuencias para los derechos de las personas en situación de dependencia”.

Entre otras razones porque, subraya, “modificó las intensidades de protección del servicio de ayuda a domicilio, suprimió los niveles asociados a cada uno de los grados, fijó un plazo suspensivo de dos años para el pago de las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar PECEF, reduciendo su cuantía, e hizo incompatibles las prestaciones entre sí”, además de eliminar la aportación del Gobierno de España al Sistema de Dependencia en el nivel acordado, ocasionando una deuda estimada en 353 millones de euros.