Ecologistas en Acción (EA) ha considerado que el nuevo Ejecutivo autonómico no asume los "importantes retos" que, en su opinión, se han de afrontar en esta crisis ecológica y ha defendido un pacto regional para la declaración del estado de emergencia ambiental en Castilla-La Mancha.
En nota de prensa, EA ha explicado que el nuevo Gobierno se está presentando "con la idea de proyectar una imagen de impulso a las políticas medioambientales" y que, para ello, se ha creado una consejería de Desarrollo Sostenible y alguna nueva Dirección General, y se ha planteado como líneas maestras el impulso de las energías renovables, de la economía circular y la defensa del agua.
Sin embargo, para Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha estas iniciativas, pero sobre todo el contexto y la forma en las que se están planteando, "distan mucho de ser las necesarias para afrontar los grandes retos medioambientales que están en juego".
A su juicio, "parece no terminar de entenderse el calado de los problemas ambientales que acucian a la región y que, de forma creciente, han alimentado movimientos sociales y plataformas de defensa ambiental".
En concreto, la organización ecologista ha incidido en que Castilla-La Mancha está inmersa y contribuye a una crisis ecológica que se plasma en dos grandes problemas: el cambio climático y la pérdida creciente de biodiversidad, ante lo cual, ha señalado, "lo coherente" sería una declaración de emergencia ambiental como se ha planteado en la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, ha lamentado que en Castilla-La Mancha se siguen manteniendo "recetas del pasado, con miras desarrollistas amparadas en una ambigua y rancia concepción de lo que es la verdadera sostenibilidad".
EA ha asegurado que las señales que está dando el nuevo Gobierno "no son muy halagüeñas" y que se observa "un continuismo muy preocupante" y ha hecho hincapié en el que la nueva Consejería no incorpore en su denominación el término medio ambiente y en que éste quede una vez más en un segundo nivel.
A su modo de ver "tampoco es bueno que las competencias en agua se le adjudiquen a Agricultura", sector del que ha dicho que "es el que mayor crisis hídrica produce en el territorio" y que, ha ampliado, "debilitará la posición de la región para reclamar el fin del trasvase Tajo-Segura".
La organización ecologista, que por todo esto ha augurado una Legislatura de "grandes reivindicaciones medioambientales", ha propuesto además una lista de prioridades en la materia, que lidera la defensa de un pacto regional para la declaración del estado de emergencia ambiental en Castilla-La Mancha.
También ha planteado incorporar el derecho al medio ambiente en el Estatuto de Autonomía y el fortalecimiento de la persecución de los delitos ambientales y de las infracciones contra la naturaleza mediante unidades de investigación específicas en las fiscalías y en el cuerpo de agentes medioambientales.
Asimismo, ha abogado por un debate regional para encarar el fenómeno del despoblamiento desde un punto de vista "integral" o por la puesta en marcha de un plan regional de recuperación de especies polinizadoras, en materia de protección de la biodiversidad.
Respecto al cambio climático, ha propuesto no impulsar proyectos generadores de grandes emisiones y con grandes impactos ambientales y ha apostado por el cierre del aeropuerto de Ciudad Real y el desestimiento del de Casarrubios del Monte.
En agricultura y ganadería ha abogado por el cese de autorizaciones a nuevas macrogranjas y auditoría a las existentes, así como por la reducción de la superficie de regadíos en un 20 %.
En materia hídrica ha planteado reducir el consumo de agua en la agricultura de la región en un 30 %, la renuncia a la legalización de pozos en el Alto Guadiana, el establecimiento de caudales ambientales para todas las masas de agua y el cese programado del trasvase Tajo-Segura y a la Llanura Manchega.
