Castilla-La Mancha contará a partir de los primeros meses de 2018 con un Decreto de procedimiento de dependencia que pondrá a disposición de los ciudadanos una herramienta más ágil y eficaz para valorar la situación de dependencia, y que permitirá priorizar las situaciones de urgencia, especialmente entre menores.
Así lo ha dado a conocer este miércoles el presidente regional, Emiliano García-Page, durante el Debate del Estado de la Región, antes de avanzar que habrá un 20% más de personal a partir del próximo año para ir más deprisa en la eliminación de las listas de espera en Dependencia.
En la actualidad, según García-Page, el Sistema de Dependencia tiene un 43% más de beneficiarios y un 18% más de prestaciones reconocidas. Un total de 21.345 personas han salido ya del limbo de la dependencia, a pesar de que se quedaron 26.900 expedientes sin tramitar, y “eso es mucho más grave que una factura”.
En este punto, ha recordado también que el 29 de septiembre comenzó la consulta pública para la Ley de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad, sin duda “la Ley con más alma” de su Gobierno que se tramitará en el actual periodo de sesiones. “Una Ley, ha recordado, para que los familiares de las personas con discapacidad puedan dormir tranquilas, sabiendo que todos nos haremos cargo”.
Por otro lado, en el último trimestre de este año y a lo largo del próximo ejercicio se incorporarán quince servicios MejoraT más, para que las personas con dependencia reciban tratamientos especializados, e incrementaremos el servicio de teleasistencia con 2.000 terminales más para alcanzar los 5.000 usuarios. Además, aumentaremos en un millón de euros el Servicio de Ayuda a Domicilio en 2018 para atender a casi 1.000 personas más y 50 profesionales contratados.
En último lugar, ha avanzado como novedad 100 plazas del programa de termalismo para personas con discapacidad y sus familias, “algo que resulta muy útil para su tratamiento terapéutico, y que tiene más de simbólico que de económico”, pues en un principio se destinarán 70.000 euros, aunque se irá ampliando progresivamente.
Lista de espera sanitaria
El presidente regional, Emiliano García-Page, también ha avanzado que Castilla-La Mancha publicará la Ley de Garantías de Atención Sanitaria Especializada del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que asegure tiempos máximos de respuestas para procedimientos quirúrgicos, consultas externas y técnicas diagnósticas.
Insiste en que se está produciendo una disminución en los datos de las listas de pacientes en espera pasando de 106.454 pacientes en junio de 2015 a 99.174 en agosto de este año, un 25 por ciento menos; a lo que se suma la transparencia informativa a través del Portal de Salud y Transparencia.
Junto a las cero derivaciones para consultas externas y la reducción a la mitad de las derivaciones de pacientes para intervenciones quirúrgicas a centros privados, revirtiendo la infrautilización del sistema público sanitario de la legislatura anterior con 8.000 pacientes para intervenciones quirúrgicas al año y más de 60.000 para pruebas diagnósticas, el Gobierno regional garantiza la universalidad de la Sanidad y ha devuelto a 3.500 personas la tarjeta sanitaria, frente a la decisión de la legislatura anterior de suprimir este derecho a inmigrantes sin papeles o personas que no cumplieran ciertos requisitos.
Incremento de plantilla del SESCAM
Asimismo, en la apuesta por el empleo público, el Gobierno de García-Page seguirá disminuyendo la temporalidad y ofreciendo condiciones laborales más atractivas a los profesionales sanitarios, haciendo posible el acceso a una plaza en el sistema sanitario público convocando una nueva OPE de más de 2.000 plazas, hasta las 4.800 en 2019. Se hará posible que puedan acceder a una plaza en propiedad dentro del sistema sanitario público con esta convocatoria de una nueva Oferta de Empleo. La aprobación de la OPE 2017 se producirá a lo largo del mes de octubre de 2017 y la de la OPE 2018 antes del 31 de marzo de 2018.
En 2016 se retomó la senda abandonada en la pasada legislatura, con una OPE de 1.030 plazas cuya aprobación se enfrentó a la amenaza de recorte de 400 de estas plazas por parte del Gobierno central. Frente a los 3.000 profesionales menos en el sistema castellano-manchego de la época de Cospedal, y al empeoramiento de sus condiciones laborales con la ampliación de horarios y reducción de salarios, en estos 27 meses se ha convocado una oferta pública en 2016 de 1.030 plazas de nuevos profesionales sanitarios, de 2.000 en la OPE 2017 y está prevista otra en marzo de 2018. Además, se ha firmado un Pacto de Estabilización de Empleo que busca acabar con la precariedad laboral de 1.524 plazas hasta ahora provistas de modo eventual, incluso en casos renovados mensualmente. En total, se han incorporado 1.042 profesionales, y la plantilla a 30 de septiembre de este año es de 25.396 sanitarios.
Nuevo Plan de Salud
En este ámbito sanitario, Castilla-La Mancha contará con un nuevo Plan de Salud, con un horizonte 2017-2025, cuyos ejes principales girarán en torno al refuerzo de la educación sanitaria, la Humanización, la implicación de los profesionales, así como la continuidad de la asistencia sanitaria y el refuerzo de la Atención Primaria. Este instrumento tuvo una primera versión 2001-2010, con una revisión prevista con la ‘Estrategia 20-20’ que no llegó a aprobarse ya que en la legislatura de Cospedal no se hizo nada al respecto. Asimismo, se incluye un Plan de Prevención de Obesidad Infantil, que tendrá un lugar preferente en este Plan de Salud, en un proyecto en el que cobrarán protagonismo las acciones de la Escuela de Salud y Cuidados de Castilla-La Mancha y el ámbito de la Atención Primaria en la promoción y educación para la salud, implementando un protocolo y actuaciones de comunicación online y redes sociales.
El Gobierno regional ha incrementado el presupuesto sanitario en más de 300 millones, un 12 por ciento, con un presupuesto en 2017 de 2.700 millones de euros y 7,4 millones de euros diarios destinados a Sanidad; frente al recorte presupuestario acumulado en los años de gobierno de Cospedal para la atención sanitaria y los servicios sociales de 2.178 millones de euros, etapa en la que la Consejería de Sanidad redujo su presupuesto un 30 por ciento y el Sescam, un 12 por ciento.
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