Castilla-La Mancha, con un 10,97 por ciento, es la tercera comunidad autónoma, tras Castilla y León y Navarra, en la que menor porcentaje de dependientes se encuentran sin prestación o en el "limbo", y la segunda que dedica el mayor porcentaje del PIB a ayudas a la dependencia, concretamente un 0,91 por ciento.
Así se desprende del informe que ha publicado el Círculo empresarial de Atención a las Personas, CEAPs, sobre la dispar situación de las ayudas a las personas dependientes en cada comunidad, en el que denuncia que las diferencias entre autonomías en la aplicación de la Ley de Dependencia "se van agravando".
El informe, titulado "El caos de la dependencia", muestra las divergencias en el gasto del PIB en este sector, que va desde el 1 por ciento en Cantabria hasta un 0,33 por ciento en Baleares, con una media española del 0,54 por ciento, lejos del 2 por ciento europeo. Castilla-La Mancha es también la comunidad que menos gasto hace por dependiente, 1.128 euros, frente a Cantabria que lidera el ránking con 8.645 euros, seguida del País Vasco, con 8.458 euros.
Las personas reconocidas como dependientes que reciben prestación también varían según su lugar de residencia, ya que en Cataluña un 32,6 por ciento de dependientes están en un "limbo" sin prestación, como critica la patronal, mientras que el porcentaje baja hasta el 1,55 por ciento en Castilla y León.
CEAPs ha elaborado una "ruta del caos" de la dependencia, analizando cuáles son las mejores y peores comunidades en cada paso del proceso de conseguir atención a un dependiente. Según esta ruta, Andalucía y Murcia serían las mejores comunidades para ser reconocido como dependiente, con más del doble de posibilidades que en la Comunidad Valenciana o Canarias de conseguir este reconocimiento.
Una vez conseguido ese reconocimiento, al estar en Castilla y León o Castilla-La Mancha es más fácil conseguir ayudas, al contrario que en Cataluña o Canarias. Si lo que se quiere es conseguir una plaza en un centro de atención, de nuevo las dos Castillas son las mejores autonomías para acceder a ellas y Baleares y Asturias, las peores, pero para recibir ayuda en casa destacan Extremadura y Andalucía.
La Ley de la Dependencia, aprobada en 2006 por el Gobierno de Zapatero, ha vivido importantes cambios según quién fuera el titular de la Moncloa, con recortes en las prestaciones bajo el Gobierno de Mariano Rajoy a partir del 2012, que denunciaron tanto empresarios como sindicatos. CEAPs reclama en su informe "revertir" estos recortes, que sitúa en 5.400 millones de euros desde 2012, atender "de manera urgente" a las 250.000 personas reconocidas como dependientes que no reciben prestación y la creación de un "Ministerio de Mayores", de cara a un futuro cercano en el que se prevé que se multipliquen las personas dependientes.
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