Casi 50.000 ciudadanos de Castilla-La Mancha, de los que 23.370 son menores de 16 años, se han beneficiado hasta el mes de octubre del Plan contra la Pobreza Energética puesto en marcha por el Gobierno regional en 2016, ha informado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez.
Sánchez ha detallado estos datos previa a su comparecencia a petición propia en la Comisión de Bienestar Social de las Cortes regionales para informar sobre la Estrategia contra la Pobreza y Desigualdad Social, donde ha estado acompañada de representantes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).
La consejera ha expuesto que la Estrategia, que ya presentó en el pleno del Parlamento autonómico coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y de la que informó al Consejo de Gobierno en el mes de octubre, cuenta con un presupuesto de más de 1.000 millones de euros para el periodo 2017-2020. Ha destacado que es “la primera de estas características que desarrolla una comunidad autónoma”, con el objetivo de “servir de herramienta para invertir la tendencia al alza de la pobreza en los últimos seis años” en la región.
Sánchez ha explicado que este programa es fruto del compromiso que el presidente regional, Emiliano García-Page, contrajo con la EAPN en el Consejo de Gobierno Abierto, celebrado el 16 de febrero, de 2016 para combatir las cifras de la pobreza y desigualdad social de la Comunidad.
Según el último estudio del indicador AROPE, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en Castilla-La Mancha se sitúa en el 37,9 por ciento, casi diez puntos de diferencia con la media nacional, que alcanza al 27,9 por ciento de la población.
La Estrategia en tres ejes
La Estrategia se organiza en torno a tres ejes, que incluyen 58 medidas. Las primeras son medidas de choque o paliativas, el segundo eje es el de las medidas de prevención y el tercero el de las de eficacia y gobernanza. “Ejemplos de medidas paliativas son la mejora del Ingreso Mínimo de solidaridad (IMS) o la ampliación del Plan contra la Pobreza Energética, así como el incremento de becas de comedores escolares”, ha explicado la consejera de Bienestar Social.
El segundo eje, de medidas preventivas buscan mejorar las oportunidades de las personas y las familias para reducir los riesgos de caer en situaciones de pobreza, “por ejemplo la creación de los equipos de Inclusión Social, el transporte escolar gratuito, la creación de Centros de Capacitación para personas en riesgo de exclusión social, así como la promoción del empleo inclusivo”, señala Aurelia Sánchez.
El tercer eje contiene medidas de eficacia y gobernanza, que persiguen mejorar la organización y gestión de los servicios y prestaciones e incorporan en su gobernanza a las instituciones implicadas en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social, “como por ejemplo la agilización y simplificación de trámites burocráticos o la coordinación institucional y la investigación”.
Entre los objetivos que incluye la Estrategia destacan los que ponen el énfasis en la prevención, sobre todo de la pobreza infantil, y en la inclusión social activa, para “garantizar un nivel de renta que permita unos estándares de vida dignos a la población”, mejorar las condiciones y posibilidades para “el acceso y mantenimiento de una vivienda digna, adecuada y asequible, con especial atención a la ciudadanía en riesgo de pobreza y exclusión”, así como mejorar las condiciones y posibilidades de acceso al empleo de la población en edad de trabajar, sobre todo los grupos más vulnerables.
La duración de la Estrategia abarca de 2017 a 2020 y entre sus medidas prepara el camino del futuro Plan Integral de Garantías Ciudadanas, “por lo que complementa las actuaciones previstas en el mismo en áreas como Servicios Sociales, Educación, Empleo, Vivienda, Administraciones Públicas, Sanidad, con un componente diferenciador: las medidas de Inclusión social”, ha destacado la consejera.