El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado la reforma de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística con la firma de la resolución para armonizar la normativa urbanística.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha firmado la resolución para elaborar y aprobar un texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que incorpore las modificaciones introducidas por la Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (SUMA), que en su disposición final recoge esta armonización que hará el Gobierno regional.
Hernando ha asegurado que “nos gustaría que el borrador de la nueva Ley del Suelo estuviera listo para finales de este 2022 y, posteriormente, llevaremos a cabo un proceso de escucha activa con todos los sectores implicados para recabar aquellas mejoras que consideren oportunas en esta nueva norma", ha informado la Junta en un comunicado.
En la nueva ley, además de actualizar la regulación de los convenios urbanísticos, se incorporarán criterios de sostenibilidad.
En cuanto a la regulación de los instrumentos de planeamiento territorial, Nacho Hernando ha explicado que “se incorporará en gran medida la reciente regulación establecida por la Ley SUMA, añadiendo la figura del Plan de Suelo Rústico, como instrumento de ordenación supramunicipal de esta situación de suelo de comarcas o territorios con problemas comunes y que permita establecer sinergias comunes y sistemas supralocales que vertebren el territorio”.
Además, ha dicho que “profundizaremos en los Planes de Delimitación de Suelo Urbano, incorporando la figura de los planes parciales como instrumento para articular las actuaciones de urbanización o dotación en municipios pequeños y, en cuanto al régimen básico de los Programas de Actuación Urbanizadora, propondremos establecer reglas más ágiles para los municipios de menor población e incorporaremos un nuevo título sobre el régimen urbanístico de los municipios pequeños”.
En la regulación de los instrumentos de planeamiento territorial, se optará por introducir como criterio básico la obligación de que todo instrumento de planeamiento responda a los principios de mínimo contenido necesario y máxima simplicidad.
En cuanto al régimen del suelo, las clases de suelo se reducirán a urbano y rústico, en sintonía con las situaciones básicas de la legislación estatal, con lo que el actual suelo urbanizable será suelo rústico en el que el planeamiento ha previsto una actuación de nueva urbanización.
Respecto al control de la actividad edificatoria y la protección de la legalidad urbanística, el consejero ha explicado que se modificará el régimen de disciplina urbanística, eliminando la distinción entre actuaciones clandestinas e ilegales y ampliando el plazo para el ejercicio de la protección de la legalidad urbanística y la nómina de supuestos.
De este modo "no juega plazo alguno para conseguir demoler lo ilegalmente construido, en sintonía con otras legislaciones urbanísticas autonómicas", ha apuntado.
