Castilla-La Mancha contará este año con una nueva normativa, la Ley de la Viña y el Vino que va “a contribuir a que el vino siga siendo el motor de la economía de Castilla-La Mancha, el que hace realidad la vida en muchos de nuestros pueblos” y que “cubrirá un déficit existente en la Comunidad Autónoma con mayor superficie y producción nacional, tras la derogación de la anterior normativa en el año 2013 por el PP”.
Así lo ha señalado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en la rueda de prensa tras la aprobación, hoy en el Consejo de Gobierno, del anteproyecto de Ley de la Viña y del Vino de Castilla-La Mancha. Un texto que se derivará al Consejo Consultivo para su dictamen y retornará de nuevo para el asentimiento final del texto, un último paso para su remisión a las Cortes regionales para que sea aprobada definitivamente, algo que se espera en este mismo periodo de sesiones, antes de finalizar el verano.
El Plan Estratégico del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha de febrero de 2019, analizaba la situación del sector regional y proponía una hoja de ruta para garantizar su futuro a medio y largo plazo e incluía como recomendación transversal dotar al sector regional de una regulación moderna, efectiva y adecuada. “Y así se ha hecho”, según ha dicho Martínez Arroyo, explicado que se trata de una ley “moderna” desde el punto de vista económico y social, para una región “donde hay 85.000 viticultores y hasta 600 bodegas y cooperativas que llevan el nombre de Castilla-La Mancha al mundo”.
Dentro de la normativa, se recogen aspectos que tienen que ver con la flexibilidad. Así se autorizarán nuevas variedades de vid, para cumplir con las demandas de los consumidores o se simplifican los procedimientos de tramitación de las indicaciones geográficas protegidas.
En cuanto a la calidad, se regulan las bonificaciones con el objetivo de trasladar el mensaje de que “en Castilla-La Mancha tenemos un vino excelente”, ha subrayado el consejero. A esto, se le une la obligatoriedad de las figuras de calidad (denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas) de contar con un órgano de gestión reconocido por la Consejería o las novedades en los etiquetados.
En este punto, Martínez Arroyo se ha detenido para explicar una novedad, y es que se crea el nuevo concepto de ‘Vinos de Finca’, para que las bodegas que ya cuenten con una denominación puedan añadir una adicional, para diferenciar sus productos por encontrarse en un paraje o municipio concreto, sin renunciar a la propia denominación a la que pertenecen.
Medida agroambiental para el viñedo de secano en vaso
En esta novedosa normativa, se incluye también la apuesta decidida del Gobierno regional por mantener el viñedo de secano en vaso. De esta manera, ha explicado el consejero, se ha decidido poner en marcha una medida agroambiental específica para el viñedo de secano en vaso, para la cual se van dedicar 26 millones para proteger las 50.000 hectáreas existentes de este cultivo social.
En cuanto a la promoción, todos los fondos se van a destinar al vino embotellado vinculado a alguna de las nuevas denominaciones y la indicación geográfica protegida en vino existentes, y es que el vino embotellado y con figura de calidad genera entre cuatro o cinco veces más renta. En este sentido, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha recordado que “el Gobierno regional va a destinar más de medio millón de euros este año para la promoción de nuestros vinos de calidad en Fenavin de Ciudad Real”.
La máxima trazabilidad del vino
En relación a la trazabilidad, Martínez Arroyo ha reseñado que con la nueva Ley se va a dar la garantía absoluta del vino en toda cadena vitivinícola, destacando que “vamos a ser la Comunidad Autónoma con más trazabilidad”. Para ello, se van a digitalizar todos los registros o los libros de bodega y se contará con la tecnológica blockchain para la relación del viticultor con la bodega, con el propio consumidor o para relacionarse los eslabones con la administración, a través de un código QR. Éste es un proyecto que, con dos millones de euros de presupuesto, ya está en marcha y se espera esté en funcionamiento en el año 2024.
En la nueva Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, se incluye la autorregulación del sector, la diversificación de las producciones y la necesidad de lograr acuerdos de campaña. Así se impulsa la interprofesional regional del vino en colaboración con el sector y la creación de un comité regional vitivinícola.
Como materias transversales en la normativa, Martínez Arroyo ha resaltado el impulso al asociacionismo agrario, la integración de las mujeres en todos los niveles del sector y el relevo generacional, que constituirán criterios preferentes en subvenciones y ayudas al sector.
