Castilla-La Mancha aceptará sólo la puesta en marcha de una transferencia de agua entre cuencas como “recurso extraordinario” y cuando su destino sea “exclusivamente y en un momento de auténtica necesidad” para garantizar el consumo humano.
Así lo ha puesto hoy de manifiesto el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, durante la presentación del borrador del documento de posición común de la región en defensa del agua, insistiendo en que esta transferencia de agua para uso de boca se podría considerar, pero “siempre teniendo en cuenta la prioridad total y absoluta de la cuenca cedente frente a cualquier otro uso de la cuenca receptora”.
Así queda recogido en este documento en el que ha trabajado el Ejecutivo regional durante seis meses con los diferentes interlocutores sociales económicos, medioambientales y agrarios de la región, a quienes les ha remitido y se ha agradecido su participación. El texto permanecerá abierto durante un plazo de dos meses para completarlo y hacerlo “más sólido” y que responda “a los intereses del conjunto de la ciudadanía en la región”.
En cuanto a la toma de decisiones sobre agua, aspecto que también se incorpora al documento presentado esta mañana en Toledo, Martínez Arroyo ha resaltado que se debe desarrollar siempre contando con las comunidades autónomas. “Se debe hace una gestión basada en la demanda del agua que tenga en cuenta en primer lugar los aspectos medioambientales, pero considere las necesidades del recurso en cada lugar de la cuencas”, ha dicho.
Para ello, ha indicado, es necesario avanzar en un modelo de planificación hidrológico que se apoye en la información y la transparencia siendo necesario “conocer agua superficial y subterránea para tomar mejor las decisiones”.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha destacado que el documento de posición común de Castilla-La Macha pretende poner a “todos de acuerdo” en esta materia, para que la región cuente con una “voz propia” para alcanzar un pacto nacional que “debe ser social en todo caso en materia de agua”.
El agua, bien público y con el que “no se puede mercadear”
Así, Castilla-La Mancha ha incluido como pilar fundamental de este documento que “el agua es sobre un bien que es público y con el que no se puede en ningún caso mercadear”, aspecto donde ha remarcado que “no se puede comprar ni vender aquello que es innegociablemente público”.
A partir de aquí, el documento de defensa del agua en Castilla-La Mancha se estructura en tres bloques, el de la gobernanza en materia de agua, las necesidades para la agricultura y el regadío, fundamentalmente, y un tercer bloque que analiza los aspectos relacionados con el abastecimiento, el medio ambiente y la depuración.
En el apartado de gobernanza, junto a la participación de los territorios en la toma de decisiones sobre el agua en los órganos existentes para ello, como las confederaciones hidrográficas, y la mejora del conocimiento y garantía de acceso a la información para la planificación y gestión hidrológica, se encuentra la postura regional ante las transferencias de agua entre cuencas, insistiendo en la necesidad de que cualquier uso propio de la cuenca hidrográfica tenga prioridad sobre otros usos fuera de la misma.
Además, queda recogido que es necesaria una gestión de la demanda y el uso de los recursos en cualquier cuenca hidrográfica, poniendo de manifiesto Martínez Arroyo que a la hora de tomar decisiones se debe tener en cuenta la capacidad de los recursos procedentes de las desaladoras y que estas infraestructuras “funcionen a pleno rendimiento”.
Apuesta por los regadíos sociales
Además, el documento de Castilla-La Mancha tiene en cuenta la promoción de los nuevos regadíos, especialmente en zonas con dificultades socio-económicas y naturales, como elemento vertebrador del territorio y dentro de los procesos globales de desarrollo rural.
Al respecto, Francisco Martínez Arroyo ha anunciado que en Castilla-La Mancha este año 2018 se va a resolver una convocatoria de ayudas, dotada con 31 millones de euros, para potenciar regadíos sociales en la región, comprometiéndose desde el Ejecutivo regional a realizar una nueva antes de que finalice el año.
En cuanto al bloque de las necesidades para el agua para la agricultura y el regadío, desde Castilla-La Mancha se impulsará que se desarrollen las medidas normativas que permitan generar una bolsa pública de derechos de agua, “priorizando”, ha informado Martínez Arroyo, a los jóvenes agricultores y a los profesionales.
En el último bloque, se incluyen cuestiones como el abastecimiento y la depuración de las aguas, así como la protección del medio ambiente estableciendo y aplicando caudales ecológicos adecuados para todas las masas de agua.
En esta línea, ha expresado, se incrementará también la educación ambiental en cuanto al uso responsable de este recurso, siendo el agua un elemento clave dentro del Plan de Educación ambiental de Castilla-La Mancha que se presentará en próximas fechas y apostará por el I+D+I, para una gestión sostenible de los recursos hídricos.
Una vez se cuente con el documento definitivo, que se espera suscriban todas las fuerzas políticas de la región dado que se trata de un documento de “acuerdo y solidaridad” en materia de agua, ha dicho el consejero, se remitirá al Ministerio para la Transición Ecológica.
