Un recurso dentro de otro recurso es la nueva fórmula jurídica que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha empleado en su ofensiva judicial contra el Trasvase Tajo-Segura. Concretamente, el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha optado por incluir, en los recursos planteados contra las derivaciones de agua de los pasados meses de mayo y junio, también su rechazo al Real Decreto 773/2014, el que regula las normas de explotación de esta infraestructura. Con ello, se “recurre indirectamente” también esta legislación pidiendo su derogación, una novedad en los planteamientos jurídicos del Gobierno autonómico hasta ahora.
Así lo ha detallado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, tras el Consejo de Gobierno abierto que por primera vez se ha celebrado con la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, el colectivo civil que agrupa a los pueblos de la cabecera del Tajo, desde donde nace el trasvase. Es una decisión que también ha celebrado esta asociación, por boca de su vicepresidente, Borja Castro.
El consejero ha elogiado en primer lugar la labor desarrollada por estos últimos “siempre a favor de los intereses de Castilla-La Mancha” y ha mostrado su satisfacción por que la Mancomunidad de Aguas de estos pueblos, constituida recientemente, ya forme parte de la Comisión de Explotación del Trasvase-Segura. De hecho, ha reiterado la intención del Gobierno regional de que no solamente tengan voz en este órgano sino también voto, para cual seguirá pidiendo la modificación de la normativa sobre la que se asienta la política de los trasvases.
Tras recordar el compromiso del Gobierno central de ejecutar para 2021 el plan de desarrollo que busca solucionar los problemas de abastecimiento de agua de los ribereños, ha anunciado la aprobación de dos nuevos recursos. Son los interpuestos contra los trasvases aprobados en mayo en junio, pero en este caso cambiando la argumentación jurídica “con el objetivo de ganarlos”: en los mismos se recurre “indirectamente” el Real Decreto 773/2014 donde se fijan las reglas de explotación del trasvase, una apelación que se apoya en la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a las confederaciones a incluir los caudales ecológicos en los planes de cuenca.
Un nuevo argumento jurídico“Ese recurso es un nuevo argumento jurídico que se suma a los que ya se han puesto encima de la mesa, entre ellos, que los trasvases tienen que condicionarse al cumplimiento legal de que se minimicen las situaciones hidrológicas excepcionales en Entrepeñas y Buendía”, ha añadido. Se refiere con ello al hecho de que estos embalses se encuentren en nivel 3 o en nivel 4, una situación “en las que no deberían estar nunca” pero que en los últimos tres años se ha repetido en el 80% de los meses.
El consejero también ha criticado que en la aprobación de los trasvases tampoco se tengan en cuenta las prioridades y usos de la cuenca cedente, ni de regadíos como los de la cuenca del Alberche. También ha confrontado la situación actual de los embalses de la cabecera del Tajo, con un 18% de su capacidad, con los de la cuenca del Segura, que albergan un 56% más de agua que el mes anterior. “El agua va de una cuenca seca de la España interior a otro lugar en el que sigue subiendo”.
Así, el Gobierno convocará la Mesa Regional del Agua lo antes posible tras las elecciones generales del 10N, con todas las fuerzas políticas que lo deseen y con toda la sociedad civil, entre ellos y “de manera preferente” la Asociación de Municipios Ribereños.
Por su parte, el vicepresidente de esta asociación, Borja Castro, ha agradecido en primer lugar el apoyo total del Gobierno castellanomanchego y ha precisado que durante el Consejo han expuesto sus peticiones, que pasan sobre todo por su rechazo al trasvase.
"Se deben actualizar las normas"“Se deben actualizar las normas, no pueden seguir aprobándose derivaciones de agua en torno a ciclos que pertenecen a décadas pasadas”. Asimismo, ha hecho hincapié en la importancia de que se ponga en marcha el plan de desarrollo para el abastecimiento de estos pueblos: “Esto no es tan mediático, pero somos los principales perjudicados y tenemos que ser compensados por ello”.
Preguntado por si la asociación se mostraría también en contra de un trasvase de emergencia para mejorar la situación de las Tablas de Daimiel, Castro ha afirmado que incurrirían en una contradicción “si dijéramos que apoyamos un trasvase y otro no” porque “tenemos que mirar por nuestros municipios”. “Mientras se mantenga el abastecimiento de nuestros pueblos, con láminas estables y caudales ecológicos, no nos vamos a oponer nunca al trasvase para consumo humano”.
Finalmente, ante la posibilidad de que un cambio de gobierno en Moncloa tras las elecciones generales pueda dar al traste con los compromisos del Ejecutivo actual, tanto el consejero de Agua como el vicepresidente de la asociación han manifestado que existen unos “compromisos firmes” que deben cumplirse esté quien esté en el Gobierno. “Es algo insostenible que no puede seguir hacia adelante, a ojos de cualquiera”.
