La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda han firmado un convenio para la interconexión automatizada entre los registros de prohibición de acceso al juego, con lo que Castilla-La Mancha se convierte en la primera Comunidad Autónoma que refuerza esta colaboración interadministrativa con el Estado para proteger a los ciudadanos.
Un registro de prohibidos es un instrumento que tiene como finalidad hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a solicitar que les sea prohibida la entrada a establecimientos de juego dónde deban aplicarse sistemas de control de admisión. Así, el Estado cuenta con el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), en el que se recogen los datos de aquellas personas que, voluntariamente, no desean ejercer sus derechos al libre acceso a los juegos de azar.
Mediante este convenio, Castilla-La Mancha dará soporte jurídico a la comunicación de sus datos al Estado, de forma que la inscripción en su registro autonómico suponga la inscripción automática de esa persona en el RGIAJ y, en consecuencia, las prohibiciones que conlleva. De esta forma, ambos registros se constituyen funcionalmente como un único registro, reforzando la protección de los colectivos más vulnerables en relación con el juego.
El convenio entre ambas administraciones ha sido firmado esta misma semana en Madrid por la directora general de Tributos y Ordenación del Juego de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, Susana Pastor Pons, y el director general de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda, Juan Espinosa García, ha informado este domingo la Junta en una nota.
