El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes, por primera vez en Castilla-La Mancha, la convocatoria de las subvenciones a entidades del Tercer Sector para el desarrollo de programas de interés general con cargo al IRPF, que es “la convocatoria social más transversal de la región”.
Así lo ha destacado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que ha señalado que la aprobación de esta convocatoria supone que la asignación del 0,7 por ciento del IRPF “va a ser gestionada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, de acuerdo a los intereses de los castellano-manchegos y no del Gobierno de España, que las venía gestionando hasta ahora”.
La cuantía de esta convocatoria es de 9,7 millones de euros, que es la aportación de los ciudadanos a través de la casilla solidaria de la declaración de la renta.
Hasta ahora, el Gobierno de España gestionaba el cien por cien de esta recaudación de la casilla solidaria del IRPF, que en el año 2016 ascendió a 240 millones de euros. Sin embargo, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por Cataluña, decidió que la convocatoria se haga este año de acuerdo al nuevo modelo mixto, con un tramo del 20 por ciento gestionado por la Administración General del Estado y un tramo del 80 por ciento para cada comunidad autónoma.
Con la aprobación de la convocatoria, nuestra región es la quinta Comunidad Autónoma que va a convocar estas subvenciones (ya lo han hecho Andalucía, Aragón, Cataluña y Murcia). La convocatoria del tramo estatal está abierta hasta el 30 de septiembre.
Entidades del Tercer Sector Social
Las entidades que podrán concurrir a esta convocatoria están definidas en el artículo 2 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, además de Cruz Roja Española y todas aquellas otras asociaciones y/o sus federaciones que reúnan los requisitos contemplados en esta orden.
Sin embargo, no podrán hacerlo las entidades de derecho público vinculadas a una Administración pública, las universidades, los partidos políticos y sus fundaciones, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las sociedades civiles, las organizaciones empresariales y sindicales, y otras entidades con análogos fines.
La Consejería de Bienestar Social espera que concurran a esta convocatoria unas 300 entidades sociales. En 2016 se han financiado 210 proyectos de 118 entidades, según la resolución de la Secretaría General de Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España.
