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El anteproyecto de Ley de Protección y Apoyo Garantizado a las personas con discapacidad continúa su tramitación

Dará seguridad a las familias de las personas con discapacidad cuando ellas falten
El anteproyecto de Ley de Protección y Apoyo Garantizado a las personas con discapacidad continúa su tramitación
Foto: JCCM
03/11/2017 - Las Noticias

El Consejo Asesor de Servicios Sociales ha informado sobre el anteproyecto de Ley de Protección y Apoyo Garantizado a personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha, que continúa su tramitación para dar seguridad a las familias de las personas con discapacidad cuando ellas falten.

Así lo ha confirmado este viernes la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que ha señalado que el informe en el Consejo Asesor es un paso para que, cuanto antes, pueda ver la luz en las Cortes regionales, donde, ha dicho, “esperamos que se pueda aprobar por unanimidad”, porque “va a ser mérito de todos los castellano-manchegos, no solo de quienes la impulsamos, que esta protección quede reflejada en una normativa totalmente innovadora”.

Una vez superado este trámite, y previo informe de la inclusión de las aportaciones realizadas durante la fase de información pública, el anteproyecto podría ser tomado en consideración por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, que lo remitiría al Consejo Consultivo de la región, que tiene un mes para emitir su informe.

Una vez aprobado definitivamente como proyecto por el Consejo de Gobierno, se remitirá a las Cortes de Castilla-La Mancha para su debate, previsiblemente en enero 2018.

El Consejo Asesor ha sido informado sobre la regulación por parte del Gobierno de España del Servicio de Teleasistencia Avanzada con apoyos complementarios, a petición de las Comunidades Autónomas, para personas en situación de Dependencia, que podrá ser aprobado como prestación única para las personas en situación de Dependencia de Grado I, ya que antes tenía que ser de forma simultánea con otra prestación o servicio para que fuese financiada por el Gobierno de España.

Además de los dispositivos de la medalla o pulsera, la teleasistencia avanzada tiene sensores de caída, de gas, de humo y unos dispositivos técnicos móviles que pueden llevar las personas en zonas rurales, que son de localización.

Según la consejera, “va a tener un impulso importante para las personas que tengan Grado I de Dependencia y comiencen a tener alguna dificultad física o psíquica”.

Aurelia Sánchez ha precisado que el Gobierno del presidente García-Page ha incrementado un 8,1 por ciento los usuarios del servicio de Teleasistencia en Castilla-La Mancha, que han pasado de 47.488 en junio de 2015 a 51.353 en junio de 2017.

Respecto a las personas en situación de Dependencia que reciben el servicio de Teleasistencia, han crecido un 109 por ciento entre junio de 2015 y septiembre de 2017, ya que había 4.872 beneficiarios en junio de 2015 y ahora son 10.163, es decir 5.291 personas más.

El Consejo ha sido igualmente informado sobre los criterios comunes de acreditación profesional en la atención a la dependencia, para lo que, a petición de las Comunidades Autónomas, se han aprobado unos procedimientos en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.

De este modo, se prorroga el mecanismo de ‘habilitación excepcional’ para profesionales con tres años de experiencia, que tengan 2.000 horas de trabajo en los últimos 12 años, pero se elimina el requisito de que sean mayores de 55 años.

Además, se aprueba una ‘habilitación provisional’, hasta 31 de diciembre de 2022, para que los profesionales que se encuentran trabajando puedan acceder a los procedimientos de evaluación y certificación profesional de las comunidades autónomas.

Desde la Consejería de Bienestar Social se ha habilitado excepcionalmente a 783 personas mayores de 55 años como auxiliares de ayuda a domicilio, gerocultores y cuidadores para trabajar en la atención de la Dependencia hasta octubre de 2017. Y por el procedimiento de Acreditación ACREDITA, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha certificado 5.087 profesionales, con lo que actualmente el 90 por ciento de los profesionales de ayuda a domicilio y de centros residenciales tiene certificación profesional, frente al 60 por ciento que la tenían al inicio de legislatura.


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