Los municipios de Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca) han perdido alrededor de la mitad de su población y han sufrido una merma económica notable desde que el trasvase del Tajo entró en funcionamiento en 1981. Son algunas de las conclusiones que arroja el ‘Estudio de los impactos socioeconómicos del trasvase Tajo-Segura sobre los municipios ribereños de los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía.
El informe, desarrollado por tres especialistas en gestión hidráulica y economía integrantes del Grupo de Investigación del Tajo, analiza la catástrofe social, económica y demográfica que ha supuesto para Castilla-La Mancha la tubería al Segura.
La principal conclusión del estudio que se presentaba este lunes es que la riqueza y el dinamismo que llegó a adquirir la zona durante los años 60 y 70, cuando la actividad turística plagó de urbanizaciones el entorno de los 22 municipios que conforman la comarca de los ribereños, se ha transformado ahora en lo que Francisco Pérez Torrecilla, presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, definió como un desierto. “Hemos pasado del Mar de Castilla al desierto de Castilla”, puntualizó.
Durante la última década, la comarca de la cabecera del Tajo ha perdido el 30% de los negocios que todavía quedaban y el 50% de las plazas de alojamiento. Además, los municipios ribereños disponen de un 28% menos de renta per cápita que el resto de la provincia de Guadalajara y un 18% menos que el resto de la provincia de Cuenca.
Tanto la consultora Nuria Hernández-Mora como Enrique San Martín, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED; y Beatriz Larraz, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, insistieron en que la cabecera del Tajo “nunca ha sido una prioridad” para la Administración, al tiempo que subrayaron el incumplimiento de la normativa vigente, que recoge la “prioridad de la cuenca cedente”, precisamente, para respetar sus usos y necesidades.
En su informe, los tres estudiosos ponen de manifiesto “la quiebra económica que el trasvase del Tajo ha ocasionada a la comarca”. Y lo hacen con datos escalofriantes, que cuestionan la supuesta falta de solidaridad de Castilla-La Mancha, un argumento recurrente en las exigencias procedentes de Levante. “No ha habido voluntad política para apostar por un desarrollo sostenible de la comarca”, afirmó Hernández-Mora, al tiempo que recordaba que tampoco se ha cumplido la normativa que obliga a priorizar las necesidades de la cuenca del Tajo. “Estamos ante el declive del mundo rural. Se ha perdido la oportunidad que brindaba un recurso como motor de desarrollo”, puntualizó.
UNA RUINA
Todo ello, unido a la intensidad en la explotación del acueducto que conecta al Tajo con el Segura, ha generado la ruina a todos los niveles para la zona de Sacedón y Buendía. Los municipios integrados en la Asociación de Municipios Ribereños han sufrido una “importante y continuada caída de población” –tal como señala el informe- entre 1950 y 2016. En el caso de los pueblos del embalse de Entrepeñas (Guadalajara), el descenso ha sido del 40%, cifra que llega hasta el 72,96% en los municipios cercanos a Buendía (Cuenca)
La caída de la población en esta comarca ha sido el doble que la registrada en el resto de localidades de esas dos provincias, lo que revela el impacto negativo del trasvase. Esta área registra actualmente una densidad de población de 6,3 habitantes por kilómetro cuadrado, la población infantil apenas ronda el 9% y el resto de la pirámide demográfica está marcada por el envejecimiento.
En opinión de Beatriz Larraz, “está bajísima densidad demográfica” sitúa a la comarca “entre las más deshabitadas de España con un crecimiento nulo y una tasa de reemplazo del 73 por ciento, frente al 88 que se da en la España rural”. Unas cifras que plantean la necesidad, según la autora, de “un cambio de políticas para que existan otras posibilidades de futuro en la zona”. En este sentido, los autores del informe han comparado esta evolución con la de los municipios cercanos al madrileño pantano de San Juan, cuya población se ha incrementado un 130% desde los años 50, lo que ha procurado a esta zona un “desarrollo rural, que atribuyen a la gestión que se ha hecho de la riqueza de su embalse y no a su proximidad a Madrid”.
A todo ello hay que añadir que las obras de riego y abastecimiento que se plantearon en la comarca como compensación por la explotación de la tubería, aún no se han completado, lo que significa que llevan “medio siglo” de retraso, tal como recalcó Hernández-Mora.
Gestión “insostenible”
Pérez Torrecilla, alcalde de Sacedón (PSOE) además de presidente de los ribereños, se mostró muy claro a la hora de denunciar la “pérdida de oportunidades de desarrollo, la pérdida de negocios, de expectativas o de bienes inmuebles, y la pérdida de usos de ocio y recreativos de los pantanos después del cierre de la mitad de plazas de alojamiento”.
A su juicio, todo ello se debe a la “gestión insostenible” perpetrada en los embalses de cabecera, a diferencia de lo ocurrido en otras zonas, como el propio pantano de San Juan. Torrecilla enfatizó la importancia de “contar con una lámina de agua estable”, especialmente, teniendo en cuenta que la situación “se agravó” a raíz del Memorándum firmado en 2013 por la entonces presidenta regional, María Dolores de Cospedal, con el Gobierno y el resto de comunidades autónomas implicadas.
El descenso del agua embalsada en Entrepeñas, que supera el 60%, “truncó” el desarrollo de la zona. El aporte de aguas del tajo a los embalses se ha contraído hasta la mitad desde comienzos de los 80. “El trasvase o la derivación masiva hacen que en los ribereños no puedan vivir de la agricultura y frustra las expectativas de futuro”, puntualizó Pérez Torrecilla. “Los regantes de Murcia están en su derecho de protestar, pero vienen a Madrid a reivindicar agua del Tajo y no sé si tienen otras intenciones porque saben que no hay agua en el Tajo”, añadió en alusión a la manifestación de este miércoles convocada en la capital por los regantes murcianos.
“Las desaladoras –a su juicio- comienzan a ser una opción válida, porque, aunque no lo admitan el trasvase ya no le es útil”. El presidente de los ribereños reveló que el objetivo marcado por esta asociación con la elaboración de este informe “es llevarlo a la UE y darlo a conocer a todas las formaciones políticas”.
ACABAR CONBN EL 'HIDROMITO'
Las últimas precipitaciones han elevado en 23 hm3 las reservas de Entrepeñas y Buendía. Aun así, la cabecera del Tajo –todavía por debajo del 10% de su capacidad- sigue lastrada por la sequía y, sobre todo, por los trasvases. Según Nuria Hernández-Mora, los embalses “deben asegurar el abastecimiento de 200.000 personas en Castilla-La Mancha. No hay excedentes y no se garantizan los usos y necesidades de las cuencas cedentes. El derecho de abastecimiento en los 22 municipios del Tajo se está cumpliendo con cisternas. Ellos son los principales damnificados y es un escándalo. Están marginados sistemáticamente”
Por su parte, Enrique San Martín hizo hincapié en el deterioro ambiental, social y económico causado por el acueducto Tajo-Segura. “El trasvase es un activo que se genera en una zona a otra para potenciar un mayor desarrollo. Se ha llevado riqueza de un lado a otro. El doctor mostró su esperanza en conseguir “cambiar una gestión insostenible y romper un círculo vicioso que cada vez hunde más al Tajo y a los municipios ribereños”.
Además, quiso desmentir el “hidromito” de la compensación económica por parte de los regantes murcianos a la cuenca cedente, pues explicó que “no existe tal compensación, sino que es el canon que deben pagar en concepto de amortización del coste de las obras, así como gastos fijos y variables del funcionamiento; y ni siquiera lo cobra directamente, Castilla-La Mancha, sino que lo hace el propio Estado”.
HERENCIA FRANQUISTA
El del Tajo es el trasvase más longevo de España. Se inauguró en 1979 cuando era ministro de Obras Públicas Joaquín Garrigues Walker, diputado nacional por Murcia. En todo caso, el proyecto del trasvase remonta a la Segunda República, durante el mandato de Indalecio Prieto como ministro de Obras Públicas, y su construcción se debió al franquismo, en concreto, las obras se aceleraron a partir de 1969. El primer envío de agua desde el Tajo a la cuenca del Segura se materializó el 31 de marzo de 1979.
El canal del trasvase, que parte como una cicatriz a cielo abierto la cabecera del río y buena parte del territorio de Castilla-La Mancha, se extiende a lo largo de 292 kilómetros. El agua se bombea en el pantano de Bolarque, a caballo de Guadalajara y Cuenca, y atraviesa la presa de Bujeda y el pantano de Alarcón, ambos en la provincia conquense. De ahí discurre hasta el embalse del Talave (Albacete), que conecta con el Azud de Ojós, ya en Murcia.
Los propios autores del informe presentado en la capital alcarreña califican este acueducto como la “obra paradigmática del desarrollismo hidráulico, tanto por su complejidad técnica como por el coste económico de su construcción y operación y por la profunda transformación socioeconómica y territorial que facilitó en los territorios receptores de las aguas del trasvase”.
La construcción del trasvase obligó a expropiar las mejores fincas de labor en el entorno de Sacedón (Guadalajara) y Buendía (Cuenca). Y, posteriormente, las normas de explotación del acueducto se han mostrado completamente insuficientes para garantizar los usos y la sostenibilidad de la cabecera. Y ello hasta el punto de conformar una maraña legal que, en la práctica, ha esquilmado las reservas en Entrepeñas y Buendía además de blindar el futuro del trasvase, aunque como consecuencia de la sequía ahora se encuentre desactivado.
Desde que comenzó a funcionar el acueducto Tajo-Segura se han trasvasado casi 10.000 hm3 hasta la actualidad. Una cifra que ha condenado a la cabecera a la parálisis económica, el suicidio demográfico (la comarca pierde habitantes cada año) y el maltrato medioambiental. Las reservas que acumulan ahora los pantanos de Entrepeñas y Buendía son absolutamente insuficientes, lo que ha provocado la contaminación del río en su tramo medio, a su paso por Toledo y Talavera.
La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, que abarca a una veintena de localidades de este entorno, ha sido muy crítica con el Memorándum que firmó en 2013 la entonces presidenta regional María Dolores de Cospedal, que en teoría elevó la cota mínima no trasvasable a 400 hm3 a cambio de aceptar la permanencia del trasvase. Lo cierto es que esta lámina no se ha cumplido y la prueba es que los embalses de cabecera apenas alcanzan ahora el 10% de reservas. Una situación absolutamente crítica que ni siquiera ha paliado las lluvias caídas durante los últimos días.
Además, los ribereños también han propuesto en numerosas ocasiones “dejar de saquear la cabecera del Tajo para crear una verdadera reserva estratégica de agua que haga frente a la sequía en épocas extremas, como la actual”. Desde 2011, según esta entidad, se han trasvasado 2.173 hm3 de agua. Sobre la posibilidad de abordar un pacto del agua entre el Gobierno y las comunidades autónomas, Pérez Torrecilla subraya que “el único entendimiento posible pasa por la desaparición de este trasvase y no por la creación de otros nuevos”. A su juicio, “tenemos que abandonar la idea de que se puede crecer a costa de fagocitar los recursos del vecino”.
