Una de las misiones menos conocidas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil es la lucha contra la destrucción del patrimonio histórico. En el caso de la provincia de Cuenca, las actuaciones más frecuentes que lleva a cabo el Cuerpo en este ámbito se centran en combatir el expolio en yacimientos arqueológicos y en evitar daños a bienes protegidos por la falta de conservación de sus propietarios.
“Es muy importante evitar daños en los yacimientos para no entorpecer el trabajo de los expertos. Un ciudadano puede pensar que por quedarse con una moneda antigua o una vasija no pasa nada porque hay muchas. Pero para un arqueólogo, que extraigas una o varias piezas, supone dañar la cadena de estudio. Esto les dificulta su labor. Hay que ser respetuosos”, exhorta el jefe del equipo de investigación del Seprona en Cuenca, el cabo primero Ángel Francisco Jiménez Abarca.
El responsable recuerda que la Guardia Civil consideró necesario desde finales de la época de los setenta establecer medidas de protección en este ámbito debido principalmente al incremento de robos sobre todo en inmuebles religiosos. El operativo de la Benemérita en esta área ha ido creciendo hasta la fecha, contando en la actualidad con más recursos para la investigación. En esta tarea, Jiménez Abarca recuerda que, además de las patrullas territoriales que el Seprona tiene repartidas por todo el país, también se cuenta con la Unidad Central Operativa, conformada por especialistas graduados en Arqueología e Historia, que se dedican exclusivamente a estos trabajos. “Se han conseguido grandes éxitos”, asegura.
COLABORACIÓN
Además, desde 2012, la Guardia Civil adoptó una serie de medidas específicas para incrementar todo lo relacionado con la protección del patrimonio histórico, participando también el Seprona de forma activa en iniciativas y proyectos en el ámbito internacional para la colaboración policial contra el tráfico ilícito.
La Sección de Cuenca del Seprona –dirigida de forma temporal por el sargento José Ramón Gallego Briones a la espera de que sea destinado un nuevo oficial– cuenta con una oficina técnica, un equipo de investigación (Eprona) y seis patrullas territoriales (denominadas Paprona y que están distribuidas por la capital, Cardenete, Villalba, Villamayor de Santiago, San Clemente y Huete).
No obstante, Jiménez Abarca puntualiza que también el resto de agentes que conforman la Guardia Civil colaboran en estas tareas de protección del patrimonio. “Si los diferentes puestos de Seguridad Ciudadana distribuidos de manera estratégica ven a alguien con un detector de metales sin autorización para llevar a cabo una prospección con fines arqueológicos, también actúan. Si el caso es complejo, nos pasan aviso al Seprona”, cuenta.
En este sentido, el profesional recuerda que la normativa de Castilla-La Mancha establece que cualquier tipo de intervención que se realice en un yacimiento arqueológico requerirá de autorización. Así, aquellos que vayan a estos espacios con un detector de metales o con una piqueta para hacer alguna excavación estarán obligados a entregar los objetos que encuentren, algo que también tendrá que hacerse en el caso de que se produzca un hallazgo casual.
COMUNICACIÓN EN 48 HORAS
“Por ejemplo, la Dama de Elche la encontró un agricultor que estaba arando. Si yo estoy haciendo una obra de demolición o trabajando en mi campo y encuentro algún objeto susceptible de valor histórico, tengo que comunicarlo en un plazo máximo de 48 horas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, advierte el jefe de investigación del Seprona, quien explica que el descubridor tendrá, no obstante, derecho a percibir la equivalencia del valor de lo que se haya hallado.
Las infracciones contra el patrimonio histórico pueden resolverse por vía penal –se dirime en los tribunales– o administrativa –se propone para sanción y se remite el caso a la Consejería de Cultura–. El responsable recuerda que la cuantía de las multas por daños en yacimientos arqueológicos son cuantiosas: oscilan entre 6.000 y 150.000 euros en el caso de las graves, y de 150.000 euros a un millón en el supuesto de que se consideren muy graves.
Aunque las intervenciones del Seprona contra el expolio y la destrucción del patrimonio histórico no son muy relevantes en cuanto a número respecto al volumen total de actuaciones de esta sección de la Guardia Civil, estos agentes han desarrollado en la provincia de Cuenca numerosas acciones en las que se han recuperado piezas antiguas.
El jefe de investigación del Seprona en Cuenca, Ángel Francisco Jiménez Abarca, pone como ejemplo la localización de un ciudadano que había puesto a la venta online cincuenta monedas romanas por 120 euros. “Lo vimos en un rastreo y nos pareció curioso por el precio”, recuerda. Por ello, se pusieron en contacto con él, que no pudo acreditar la procedencia del material, determinando posteriormente el Museo de Cuenca que habían sido extraídos de un yacimiento arqueológico. Su valor ascendía a 8.000 euros.
Otra actuación en este ámbito, en este caso llevada a cabo en varias provincias, fue la llamada Operación Morteruelo, por la que la Guardia Civil recuperó más de 20.000 piezas arqueológicas romanas, íberas y árabes que se habían extraído de forma ilícita en yacimientos, entre ellos algunos conquenses.
CONSERVACIÓN
Por otro lado, el Código Penal también castiga a aquellos que alteren o derriben edificios singularmente protegidos por su valor histórico o cultural, a la vez que la Ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha establece que todos los propietarios de bienes con algún tipo de protección tienen la obligación de conservarlos y protegerlos, recuerda Jiménez Abarca.
“En Cuenca hemos hecho actuaciones en conventos, en ermitas y en otros edificios que tienen algún tipo de protección porque el propietario no ha solicitado el permiso correspondiente y ha procedido a su derribo, y hemos considerado que podría incurrir en un delito contra el patrimonio histórico”, ilustra Jiménez Abarca, quien también recuerda que para comercializar bienes muebles con cierto valor hace falta inscribirse en un registro en el que se anoten las entradas y salidas.
Casos mediáticos como el de la pirámide de Cañete –que salió en el programa televisivo de Cuarto Milenio- también han desencadenado la intervención del Seprona, que también actuó recientemente en la provincia por la construcción de un campo de fútbol que afectaba a un complejo hidráulico con cierto valor.
