La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) "continua trabajando en su propuesta de borrador de VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR)" que "no puede presentar hasta que no se constituya el Gobierno".
Así lo han explicado a EFEverde fuentes de ENRESA, que han evitado dar detalles sobre el contenido del borrador "al no haberse comunicado aún", por lo que se continua trabajando.
No es posible la presentación a un Gobierno en funciones han corroborado a EFEverde desde el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).
El Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) es el documento que recoge las estrategias y actividades a realizar en España en relación con los residuos nucleares, el desmantelamiento de instalaciones y su estudio económico-financiero.
Actualmente se encuentra el vigor el VI Plan que fue aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2006.
Las mismas fuentes de Enresa declinaron responder sobre si el borrador del nuevo plan contempla un cambio de estrategia respecto a la gestión de los residuos radiactivos de alta actividad o la ubicación del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas (Cuenca).
Los residuos de alta actividad (combustible nuclear gastado en su mayor parte) son aquellos que contienen concentraciones apreciables de radionucleidos emisores alfa de vida larga y/o emisores beta-gamma con periodos de semidesintegración superiores a 30 años.
El 6 de septiembre del pasado año la ministra para la Transición Ecologica, Teresa Ribera, anunció que el Gobierno supeditaba cualquier decisión sobre el proyecto de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas ATC a la renovación del PGRR en el presente 2019.
Entonces señaló, en sede parlamentaria, que "tenemos un plan caducado y se ha estado planificando un ATC tomando como referencia una situación que no se corresponde con la actual."
Además recordó que España se enfrentaba a un procedimiento de infracción muy avanzado a nivel comunitario por incumplir la obligación de disponer de un plan nacional de seguridad en el tratamiento de los residuos nucleares.
El emplazamiento de Villar de Cañas para albergar el Almacén nuclear fue aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de diciembre de 2011, tras un proceso de siete años
Platanforma contra el ATC
La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca cree que es "prematuro" descartar a Villa de Cañas (Cuenca) como ubicación del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, mientras el alcalde ha estimado que sigue siendo la mejor opción para ubicar el almacén, que continúa siendo "necesario".
Tras la información del diario 'El Mundo' que descarta la ubicación del ATC en la localidad conquense, el portavoz de la Plataforma, Carlos Villeta, ha manifestado en declaraciones a Ere que el almacén nuclear continúa siendo una figura de transición en el borrador del VII Plan Nacional de Residuos Nucleares, que es "una copia" del anterior.
Villeta ha creído que el Gobierno central va a "optar por volver a la situación de partida, con ocho localidades finalistas, y volver a elegir".
En ese escenario, ha considerado que Villar de Cañas "es la peor opción geológica y técnica, pero desde el punto de vista social y político es buena para los intereses de cualquier Gobierno", por lo que ha creído que todavía "es pronto para descartar totalmente el ATC" en la que es todavía su ubicación proyectada.
Por su parte, el alcalde de la localidad, José María Sáiz, ha considerado que el almacén continúa siendo "necesario" y que si se hace o no en Villar de Cañas "serán los técnicos quienes lo decidan, pero en ningún momento han dicho que no".
El regidor ha indicado a Efe que, si hubiese problemas técnicos, "se habría descartado Villar de Cañas y no se habrían invertido 200 millones de euros".
Sobre la información de 'El Mundo', Sáiz ha estimado que "si quieren que sea en 2028 tendría que ser Villar de Cañas, porque en cualquier otro sitio no llegan a tiempo" y califico de "ridículo" que se baraje otra opción cuando en su pueblo "hay consenso".
Ha lamentado, por último, que Castilla-La Mancha se arriesgue a perder "una inversión de 1.200 millones de euros por la cabezonería de su presidente".
