La Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo (ANPCA) remitía este martes un escrito al comisionado de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea, Phil Hogan y a la Comisionada de Comercio, Cecilia Malmstrom, mostrando su preocupación por el fuerte arancel impuesto por Brasil al ajo como represalia a las medidas de salvaguarda adoptadas por la U.E contra el acero brasileño, y cuyas consecuencias, dicen, pueden tener una grave repercusión.
Y es que el aumento del 19 por ciento propuesto de forma unilateral hace peligrar un mercado que es fundamental para el sector. No en vano supone el 12% del total de las exportaciones de ajo europeo, con más de 15 millones de kilos durante los últimos tres años. Pero es que además las exportaciones comienzan con la cosecha, lo que permite que la oferta de producto no sature la demanda interna europea y estabilice los precios de la nueva campaña.
La Comisión Europea ya ha recurrido la decisión ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) pero es necesario que se adopten medidas para evitar esta subida y así lo ha pedido la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo (ANPCA) a través de sus representantes en Bruselas, FruitsVegetablesEurope (EUCOFEL)
Fue el pasado 18 de febrero, cuando el gobierno brasileño comunicó a la Organización Mundial del Comercio su intención de elevar los aranceles de entrada a un total de 36 productos europeos importados a su país. Tras la comunicación, Brasil dispone de 30 días para hacer efectivos estos nuevos aranceles. Una medida que afecta especialmente al ajo español, sobre todo al sector de nuestra región puesto que Castilla-La Mancha es su principal exportadora.
La Comisión Europea presentó recurso contra la decisión de Brasil al considerarla totalmente desproporcionada y no ajustada a las reglas de esta institución, como así le trasladó la Dirección General de Comercio (DG TRADE) a la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo después de que pidieran una aclaración de lo sucedido.
Y es que según explican en un comunicado las medidas aplicadas por Brasil se sustentan en el Art. 8.2 del Acuerdo de Salvaguardia y son completamente ilegales ya que no cumplen, entre otros aspectos, con el plazo de 3 años que establece el acuerdo para probar el daño económico de las medidas impuestas por la Comisión.
ANPCA también puso en conocimiento este hecho a la eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, Clara Eugenia Aguilera, que mostró su total apoyo al sector elevando una pregunta a la Comisión Europea sobre la situación creada.
Desde la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo destacan que la pérdida del mercado de Brasil para los productores europeos causaría un grave perjuicio a un sector que ya se encuentra muy afectado por la crisis de sobreproducción China y el veto ruso en los últimos años. Por ello insta a las instituciones europeas a adoptar las medidas oportunas para que esta propuesta de arancel no entre en vigor.
