Piden 10 años de inhabilitación para el ex alcalde y dos ediles de Quintanar del Rey
La Audiencia Provincial de Cuenca acoge este miércoles el juicio contra el exalcalde de Quintanar del Rey, M.C.L, y los exconcejales F.C.N. y J.G.R., acusados de un delito de prevaricación administrativa en relación con la adjudicación de un contrato público en el año 2020, por el que podrían enfrentarse a diez años de inhabilitación de cargo público.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los imputados, en su calidad de miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Quintanar del Rey, adjudicaron, supuestamente de manera irregular, un contrato mixto de suministros y obras para la adecuación del pabellón “Santa Lucía” como auditorio. La empresa adjudicataria, "Técnica Electroacústica Consultoría Escénica Servicios Audiovisuales SLU" (TECESA SLU), obtuvo el contrato por un importe de 75.151,89 euros, IVA incluido.
El fiscal sostiene que, pese a la experiencia de los acusados en la administración pública, omitieron el procedimiento legalmente establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. En particular, en marzo de 2020 celebraron una reunión privada con representantes de TECESA SLU sin conocimiento de la Interventora municipal ni de las restantes empresas licitadoras. Según recoge el escrito provisional, durante este encuentro, se acordó una modificación sustancial del contrato inicial, con un incremento del 48,58 % del presupuesto original, cifrado en 36.515,34 euros. Esta alteración no se sometió a un nuevo proceso de licitación pública.
Posteriormente, en octubre de 2020, a pesar de un informe negativo de la Intervención municipal que señalaba la ilegalidad del procedimiento seguido, los acusados aprobaron en una Junta de Gobierno extraordinaria el pago de la tercera certificación de obra por el importe adicional ya ejecutado y abonado a la empresa adjudicataria.
En diciembre de 2020, durante una sesión del Pleno municipal, el exalcalde M.C.L. reconoció su responsabilidad en la celebración de la reunión privada con TECESA SLU antes de la adjudicación, así como en la aprobación de modificaciones en el proyecto sin haberlas publicado ni informado a la Intervención municipal.
La Fiscalía califica los hechos como un delito de prevaricación administrativa, previsto en el artículo 404 del Código Penal, y solicita para cada acusado la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante diez años, además del pago de las costas procesales.
