El PP pide a Diputación que la nueva ordenanza de basuras no entre en vigor en 2025

El grupo ‘popular’ en la Diputación de Cuenca ha pedido al Gobierno provincial de Álvaro Martínez Chana que la nueva ordenanza de basuras, que se prevé aprobar este miércoles en el pleno de la institución, no entre en vigor el uno de enero de 2025 para así dar margen a los ayuntamientos de la provincia a que adapten sus ordenanzas y puedan cobrar a sus vecinos el nuevo precio que va a cobrar Diputación a los consistorios.

Así se han pronunciado la presidenta del grupo ‘popular’ y el portavoz del mismo, Clara Plaza y Cayetano Solana, quienes han denunciado en rueda de prensa “el poquísimo margen” que ha dado el Gobierno provincial a los consistorios que tienen la recogida de basura bien con recursos propios o bien a través de mancomunidades.

Según ha expuesto Solana, la modificación de la ordenanza fiscal del servicio de recogida de basura de la Diputación incrementará un 35% de media los costes a los ayuntamientos que están acogido al contrato único, y que son unos 100 consistorios.

De este modo, a las viviendas se les cobrará 67,69 euros en vez de 50; a los comercios se incrementa de 114,72 a 155,31 euros y a los bares el nuevo importe será de 201,32 y no los 148,71 que venían pagando hasta ahora.

En cuanto a los ayuntamientos que tienen recursos propios o mancomunidades, que sí tienen aprobada una ordenanza de recogida de residuos, se les cobrará por cada tonelada de basura 70,60 euros en vez de 29,54 euros, una subida de un 139%. Son en torno a 140 pueblos, y para poder repercutir este nuevo importe a sus vecinos, deberían de modificar sus textos reguladores municipales.

El problema, han denunciado desde el PP, es que Diputación avisó a los municipios del nuevo importe que se va a cobrar el pasado 26 de octubre. Ahora, cada consistorio debería hacer un informe económico para determinar cuál es la nueva tasa que va a cobrar a sus vecinos para poder recaudar el nuevo importe.

Al haber comunicado esta cantidad “tan tarde”, por tema de plazos legales, debería ser el 7 de noviembre como máximo cuando cada ayuntamiento elabore sus informes económicos y apruebe en pleno la modificación de la ordenanza.

“Va a ser imposible que los ayuntamientos puedan modificar sus ordenanzas antes de este plazo”, han denunciado Plaza y Solana. Han asegurado que, como consecuencia, los ayuntamientos tendrán que abonar la nueva tasa a la Diputación que ya estará en vigor, pero no podrán cobrarla a sus vecinos porque no les habrá dado tiempo a adaptar sus ordenanzas. Así, ese importe saldría de las arcas municipales.

Por ejemplo, Clara Plaza es la alcaldesa de Ledaña, y ella ya ha estimado que en su municipio esa imposibilidad supondría unos 20.000 euros extras que tendrán que quitarse de inversiones en el pueblo para destinarlo al cobro de la nueva tasa de la Diputación ya que no la podrá cobrar a sus vecinos.

No han dudado en calificar esta situación como un “sablazo”, y por eso han pedido a la Diputación que se aplace la puesta en marcha de esta tasa. Porque como se aprobará con toda probabilidad en el pleno de mañana miércoles, tras pasar el periodo de exposición pública y resolver alegaciones, estará ya operativa el 1 de enero de 2025.

Para pedir una moratoria en la aplicación de la tasa, el grupo ‘popular’ en la Diputación va a presentar en el pleno de este miércoles una moción para que no se aplique esta subida ya el año que viene y así los ayuntamientos puedan elaborar sus informes económicos.