El Juzgado de lo Social nº 1 de Cuenca ha estimado la demanda presentada por las cinco trabajadoras de la Escuela Infantil municipal de Motilla del Palancar y reconoce su derecho a percibir el complemento específico, que hasta la fecha no cobraban a pesar de estar reconocido en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y en el vigente convenio colectivo del personal laboral del municipio.
En consecuencia, el juzgado condena al Ayuntamiento motillano a abonárselo, incluidos los atrasos desde diciembre de 2015.
La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y así lo han hecho tanto el Gobierno municipal como CCOO, en el caso del sindicato por discrepar del cálculo económico de los atrasos reconocidos a alguna de las afectadas.
La reivindicación de las trabajadoras de la Escuela infantil municipal atendida ahora por la Justicia se remonta al año 2012. Según Ángel Castellano Bobillo, responsable de Administración Local de la FSC-CCOO de Cuenca, "vista la falta de respuesta de los anteriores alcaldes (PP e IU) y la falta de concreción del compromiso del actual alcalde del PSOE, hubo que acudir a la vía judicial para que estas trabajadoras vean reconocidos sus derechos y acabar así con la discriminación que sufrían.”
Según CCOO, el propio alcalde, Pedro Javier Tendero Martínez, reconoció por escrito en mayo de 2017, en respuesta a la petición que le cursaron las trabajadoras, la existencia del “agravio comparativo” y mostró su voluntad de “subsanar esta irregularidad”.
“Sorprende que, sin embargo, la concejala de personal, que acudió al juicio en calidad de testigo, negara el agravio y la irregularidad; que sí admitió la interventora municipal”, señala Bobillo.
CCOO también cuestiona la decisión del equipo municipal de Gobierno PSOE-IU de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la sentencia del juzgado de lo Social de Cuenca, “cuando ellos mismos, estando en la oposición, criticaron al entonces gobierno municipal del PP por recurrir sentencias de índole laboral contrarias al Ayuntamiento, como la devolución del 55% de la paga extra de diciembre de 2012 o el despido de una trabajadora en este mismo servicio de la Escuela infantil.”
“No se puede defender los derechos de los empleados públicos en la oposición y negarlos en el Gobierno; no puede ser que un alcalde admita la existencia de agravios, irregularidades y discriminaciones, pero, en vez de corregirlas, trate de perpetuarlas", insiste Bobillo, que pide al Equipo de Gobierno "acatar una sentencia que dice lo mismo que dijo el actual alcalde en mayo de 2017 y lo mismo que decían el PSOE e IU en la oposición”.
