Los efectos de la pandemia por la COVID-19 siguen dejándose notar en el mercado laboral y los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, los conocidos ERTE, son, sin duda, un indicador claro del alcance económico de esta crisis sanitaria, que ha obligado a declarar el Estado de Alarma desde hace ya más de siete semanas.
No es de extrañar, por lo tanto, que los datos del mes de abril del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre los trabajadores en situación de suspensión total o parcial de empleo por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se hayan disparado a cifras sin precedentes, que en nuestro país se elevan a más de 3,3 millones de empleados, lo que representa la cuarta parte (24,25%) de los afiliados en el Régimen General.
Unas cifras de abril que en la provincia de Cuenca se han traducido en un total de 9.071 trabajadores en esta situación de suspensión temporal de empleo, de los que la gran mayoría, un 95%, corresponde a ERTEs por fuerza mayor; en concreto, 8.690 empleados, si bien la media durante este periodo se ha situado en los 6.682 trabajadores.
Castilla-La Mancha, por su parte, arroja unos datos similares con casi 100.000 empleados en esta situación (99.342), de los que 93.571 (94,1%) son por ERTEs por fuerza mayor. El ranking autonómico lo lidera la provincia de Toledo, con 33.560 trabajadores. Le siguen Albacete, con 22.053; Ciudad Real, con 21.377; Guadalajara, con 13.281; y Cuenca, en último lugar, con 9.071. En todas las provincias, más del 90 por ciento de estos trabajadores tienen suspendido temporalmente el empleo por ERTEs por fuerza mayor.
