Juzgan a una médica y enfermera de Villares del Saz por falsear recetas para adquirir anabolizantes

La Fiscalía ha solicitado cinco años de cárcel para dos profesionales sanitarias, R.M.R., médica, y Y.V.L., enfermera, que serán juzgadas este jueves en la Audiencia Provincial  de Cuenca por un presunto delito de falsificación de documentos oficiales en el ejercicio de sus funciones en el Centro de Salud de Villares del Saz. La acusación se centra en la emisión de recetas y documentos médicos falsos para obtener anabolizantes destinados, presuntamente, a terceros desconocidos.

Según el escrito de acusación, entre mayo de 2011 y mayo de 2013, las acusadas habrían elaborado, de común acuerdo, al menos seis documentos de consulta y hospitalización ficticios. En estos documentos constaban prescripciones de medicamentos, principalmente anabolizantes, y se incluían firmas de otros facultativos, sin el conocimiento ni la intervención de estos. La acusación añade que estas prácticas se realizaron también en al menos cinco recetas médicas, principalmente para beneficio de familiares de las acusadas y de la propia Y.V.L.

El procedimiento descrito permitía que las acusadas acudieran con la documentación fraudulenta a la farmacia de Villares del Saz y retiraran medicamentos de alto control, como "Winstrol Depot", "Primobolan Depot" y "Proviron". La Fiscalía estima que estas sustancias fueron obtenidas en grandes cantidades, suficientes para varios años de administración, aunque el destino final de los fármacos permanece desconocido.

Concretamente, en el primero de los anabolizantes se emitió receta para ser administrados en una horquilla temporal de entre cinco y ocho años; en el segundo durante un año y tres meses, y en el tercero de un mes y medio.

La Fiscalía ha calificado los hechos como constitutivos de un delito continuado de falsificación de documento oficial, tipificado en el artículo 390.1 del Código Penal. De ser declaradas culpables, se solicita una pena de cinco años de prisión, una multa de 24 meses con una cuota diaria de ocho euros, así como la inhabilitación especial de cinco años para el ejercicio de sus respectivas profesiones y del derecho al sufragio pasivo.

El Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento provisional del delito de comercio de anabolizantes previsto en el artículo 362 quinquies del Código Penal, debido a la falta de pruebas suficientes para acreditar un riesgo directo para la vida o salud de personas concretas.