Los jurados populares han deliberado sobre 25 casos en casi tres décadas de historia
Cuando le comunicaron que formaría parte de un jurado popular en un caso de asesinato, le entró pánico. “No quería. Me daba mucho respeto”, recuerda ahora casi un cuarto de siglo después la conquense María (nombre ficticio), que tuvo que dirimir acerca de la culpabilidad de un hombre que en mayo de 1997 mató con una escopeta de caza a su exmujer en plena Plaza de España de Cuenca ante la presencia del hijo de siete años que tenían en común, y que disparó también sobre la pareja de la víctima y otra mujer, los tres funcionarios de prisiones.
Todos los miembros del jurado consideraron que el acusado era culpable de los hechos que se le imputaban. “Estaba todo bastante claro. Había sido a la vista de todos”, explica María, que tiene ahora 71 años y reconoce que la experiencia de participar en un jurado popular al final no fue tan mala como se imaginó en un principio. “Me dijeron que solo tenía que escuchar y decidir en base a eso. El juicio duró cinco o seis días”, cuenta esta mujer, que relata que en las jornadas finales durmieron en un hotel de la capital conquense con el fin de que estuvieran aislados y no se contaminaran con las opiniones del exterior.
María es una de los conquenses que han formado parte de un jurado popular desde la ley de 1995 que introdujo esta figura procesal en la justicia española. En total, a lo largo de estas casi tres décadas se han celebrado en la provincia de Cuenca 25 juicios con este tipo de tribunal, que en nuestro país está integrado por un grupo de nueve ciudadanos de a pie legos en derecho que son elegidos por sorteo y que deciden sobre la culpabilidad o inocencia del acusado del caso en cuestión aunque después será un juez quien dicte sentencia y establezca la pena.
LOS DATOS,PORMENORIZADOS
Durante todo este tiempo, el número de juicios con jurado popular en la provincia de Cuenca por año ha oscilado entre tres y cero casos, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. En concreto, desglosados los datos, 1998 y 2008 fueron los ejercicios en los que se celebraron más con este mecanismo (tres en cada uno) mientras que en 2006, 2010, 2015 y 2016 se desarrollaron dos. Por su parte, en 1996, 1997, 2001, 2005, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 y 2023 hubo uno. Finalmente, en 1999, 2007, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 no se registró ninguno. En lo que va de 2023 hay que sumar uno más.
Los casos que admiten ser tratados con jurado popular son solo del orden penal, en concreto, en relación con delitos como homicidios y asesinatos, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamientos de morada, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, incendios forestales o infidelidad en la custodia de documentos o de presos.
Entre los casos que han contado con jurado popular se encuentran el mediático juicio contra Sergio Morate por el asesinato en Cuenca de Marina Okarynska y Laura del Hoyo o, el más reciente, contra el hombre acusado de matar a su madre quemándola viva en marzo de 2019 en el municipio conquense de Garcinarro, que se ha juzgado este año.
Para José Garberí Llobregat, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y ex letrado del Tribunal Constitucional, el sistema del jurado popular es una forma de participación popular en la administración de la justicia, al igual que ocurre con la figura de los jueces de paz aunque esta última probablemente desaparecerá.
A su juicio, “cualquier persona sensata y con sentido común es perfectamente capaz de participar en un jurado popular y determinar si unos hechos delictivos están probados o no y si el acusado es culpable”.
REQUISITOS
De hecho, los requisitos para formar parte son sencillos: ciudadanos españoles mayores de edad, en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y que sepan leer y escribir. Y si uno resulta elegido, hay muy pocas excepciones para no participar: tener más de 65 años, haber estado ya en un jurado popular en los cuatro años anteriores, que pueda implicar un grave trastorno por razón de cargas familiares o perjuicios en caso de tener un trabajo de interés general o pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como ser profesional de la justicia. Además, tampoco se podrá intervenir si se tiene algún tipo de vinculación con la causa juzgada.
Entre los inconvenientes del jurado popular, Garberí Llobregat apunta que es un sistema “lento y costoso” en los casos en los que los juicios se alargan mucho dado que hay que pagar las dietas –desplazamientos, alojamiento y comidas– a los miembros del jurado ya que tendrán que estar aislados durante esos días, además de una pequeña indemnización.
INFRAUTILIZADO
“No se aprovecha lo suficiente esta institución ya que tiene un ámbito de aplicación escaso”, considera este experto, que aboga por dar más competencias al jurado popular ampliando el tipo de delitos que se pudieran enjuiciar con esta figura procesal.
Otra cuestión paradójica es que, si el acusado recurre, se revisa el veredicto del tribunal ciudadano. “¿Para qué sirve entonces?”, plantea. “El balance del jurado popular desde su puesta en marcha quizás no sea muy satisfactorio. Participa poco en la administración de justicia y a veces es corregido”, pone como ejemplo.
Por ello, este experto aboga por implantar en España un modelo mixto, el llamado escabinado –que se utiliza en países como Alemania o Austria–, que está integrado por ciudadanos legos y magistrados técnicos, siendo mayoría los primeros. “Sería superior y funcionaría mejor”, considera.
