La construcción de una instalación industrial porcina en el término municipal de Villanueva de la Jara, pero en el límite con la vecina localidad de Quintanar del Rey y a apenas 350 metros de su depósito de abastecimiento, ha levantado una oleada de protestas entre los vecinos de la localidad.
Aunque en diciembre de 2017 el Ayuntamiento de Villanueva de la Jara aprobó por unanimidad una modificación de su plan de ordenación municipal para suspender la concesión de licencias de edificación para actividades relacionadas con el uso ganadero porcino a menos de 5 kilómetros de los núcleos urbanos de Villanueva de la Jara y su pedanía Casas de Santa Cruz, apenas cinco meses después, y gracias a los votos del Equipo de Gobierno del PP, aprobaba en sesión plenaria estimar las alegaciones a dicha modificación presentadas por el promotor de esta macrogranja permitiendo su instalación a 4 kilómetros del núcleo urbano si la población es inferior a 500 habitantes y no se desarrolla una actividad turística relevante.
Este cambio sustancial abría por tanto la puerta a su ubicación en el término jareño, a 5 kilómetros del casco urbano de Villanueva de la Jara y a 4 de su pedanía, Casas de Santa Cruz, pero justo en el límite con el término municipal de Quintanar del Rey. Eso sí, a poco más de 3 kilómetros del casco urbano de esta localidad y en las proximidades de su depósito de agua.
Desde el Ayuntamiento de Quintanar del Rey, su alcalde, Martín Cebrián, señala que no recibieron comunicación alguna por parte del Consistorio jareño para poder presentar alegaciones y lamenta la forma de actuar de la alcaldesa de Villanueva de la Jara, Mercedes Herreras Fogarty.
“No quieres la instalación cerca de tu núcleo urbano pero la apruebas dejándola próxima al pueblo vecino y sin ni siquiera preguntarle o advertirle”, denuncia el primer edil quintanareño, afeando la actitud de la primer edil jareña.
La alcaldesa, por su parte, responde a estas críticas señalando que en Quintanar del Rey ya existen otras granjas similares en su término municipal, defiende la legalidad del proceso para esta instalación de 2.200 cerdas, que no considera por tanto ‘macrogranja’, así como su seguridad.
El Ayuntamiento de Quintanar del Rey está dispuesto a dar batalla y el pasado 12 de agosto presentaba un requerimiento a la Viceconsejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha en relación a este proyecto pidiendo ‘declarar de oficio la nulidad de pleno derecho de la licencia concedida para el proyecto al estar incursa en nulidad de pleno derecho por haberse omitido en el procedimiento de autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental el trámite esencial de consulta al Ayuntamiento de Quintanar del Rey, provocando la indefensión a dicho Ayuntamiento al ser una Administración afectada directamente por el proyecto’.
El Consistorio solicita además ‘declarar la anulabilidad del procedimiento con retroacción de las actuaciones al momento en que se debió consultar al Ayuntamiento de Quintanar del Rey’ y ‘suspender cautelarmente las obras de ejecución hasta que se resuelva la solicitud realizada’.
“No tuvimos la oportunidad de presentar alegaciones, porque en su día no se nos informó de esta instalación y es evidente que somos parte perjudicada”, añade el alcalde, Martín Cebrián.
Tras la petición del Ayuntamiento de Quintanar del Rey, la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible ha analizado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que se llevó a cabo de forma previa a la declaración de impacto ambiental del proyecto, y a principios de esta semana requería información sobre el mismo al Consistorio de Villanueva de la Jara, dándole un plazo de diez días hábiles – a contar desde el martes 25 de agosto- para dar respuesta.
Según ha confirmado a esta redacción el alcalde de Quintanar del Rey, el Gobierno regional ha indicado al Ayuntamiento de Villanueva de la Jara que la licencia otorgada para la construcción de la explotación ganadera debería quedar suspendida hasta que se resuelva dicha petición de información y, por tanto, sería oportuno paralizar los trabajos de construcción en ejercicio de las competencias del Consistorio jareño.
Cebrián, no obstante, ha puesto en manos de un despacho de abogados esta situación con el objetivo de paralizar un proyecto que considera que perjudica gravemente a su localidad.
