El Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas sigue sin ver la luz en las postrimerías de 2017. Un año caracterizado por la batalla legal que Gobierno central, Junta Comunidades de Castilla-La Mancha y Ayuntamiento han librado en los tribunales y que ha propiciado el freno, en seco, del proyecto.
Una de las últimas acciones del Ejecutivo castellano-manchego fue la de cuestionar la evaluación ambiental del proyecto que, en opinión del departamento de Medio Ambiente, se basa en un estudio "deficiente técnica y científicamente". La Junta ha pedido otra evaluación al Ministerio de Medio Ambiente y un nuevo procedimiento de información pública y si no, que se emita una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "inviable".
No hay respuesta por parte del Ministerio que dirige Isabel García Tejerina. Lo confirma a eldiarioclm.es el viceconsejero de Medio Ambiente Agapito Portillo. “Creemos que se había fragmentado el proceso de evaluación ambiental, vulnerando la ley de evaluación ambiental nacional. Se lo argumentamos técnicamente y ante eso no han respondido”.
Portillo apunta su escepticismo ante la postura que pueda adoptar el Ministerio que, hasta la fecha, ha dado la callada por respuesta (también ante la insistencia de eldiarioclm.es para obtener su versión). “Me va a costar mucho que algún técnico dé el visto bueno, la ministra o el director general podrá firmar la evaluación pero tiene que ir apoyado técnicamente”, insiste el viceconsejero.
Los responsables de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha tampoco han dudado en acudir a instancias europeas ante lo que consideran “dejación de funciones”del Gobierno de Mariano Rajoy a la hora de elevar a Europa (ha de hacerlo el Ejecutivo central) la documentación que justifica la ampliación de la protección ambiental de la Laguna de El Hito y que condicionaría la construcción del basurero nuclear de Villar de Cañas.
El Gobierno de Emiliano García-Page inició la batalla europea ante las perspectivas, nada halagüeñas, de los tribunales españoles cuando el Supremo dijo que no admitía a trámite el recurso de casación de la Junta que pedía dejar sin efecto el auto del Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCLM) que anulaba la ampliación de la protección del espacio natural (zona de especial protección de aves, ZEPA) de la Laguna de El Hito, para incluir los terrenos en los que está previsto ubicar el cementerio nuclear.
El Tribunal Supremo, sin embargo, no entraba en el fondo de la cuestión por lo que se requerirá un nuevo pronunciamiento del TSJCLM. A principios de 2017 ya suspendía cautelarmente el acuerdo de Consejo de Gobierno que daba luz verde a la ampliación de la zona de protección.
Pese a la postura, hasta ahora, de los tribunales, el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, sostiene que la ubicación elegida para el silo nuclear sigue protegida medioambientalmente, pese a la suspensión del Decreto de la Junta que aprobó esa protección. “Por delante de cualquier inversión está la necesidad de preservar espacios protegidos”, ha venido diciendo Martínez Arroyo en el último trimestre de este año. Recuerda que esta es también una obligación - a través de la Directiva Hábitats- que impone la Comisión Europea, ámbito en el que el Gobierno regional sigue trabajando para ver “de qué forma se puede hacer que esté realmente protegido y los tribunales no lo impidan”.
La postura que mantiene el Gobierno autonómico ha sido tachada de "fraude de ley", mientras el alcalde de Villar, el ‘popular’ José María Sáiz, ha venido solicitando al presidente regional, Emiliano García-Page que “deje de torpedear” el proyecto apoyándose en las decisiones del Supremo. Precisamente, en el ámbito municipal existe otro procedimiento judicial abierto: el relativo al nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas, para adaptarse la normativa urbanística a la llegada del ATC y que fue recurrido por la Junta.
Las Cortes, salvo el PP, piden la suspensión “definitiva” del proyecto
Las Cortes de Castilla-La Mancha se han pronunciado ya varias veces en contra del cementerio nuclear desde el año 2010. La última iniciativa se producía en noviembre de 2017. PSOE y Podemos aprobaron una Proposición No de Ley (PNL)que pide a Mariano Rajoy la suspensión “definitiva” del proyecto de Villar de Cañas.
Una PNL que también insta al Gobierno de España a suspender las acciones legales de la Abogacía General del Estado contra la ampliación de la ZEPA de El Hito y considera que el ATC no es necesario "por los riesgos ambientales para especies y hábitats protegidos, para las personas y por no existir consenso social, institucional ni territorial."
El papel de Consejo de Seguridad Nuclear
En junio, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) desmentía estar trabajando con "plazos" para autorizar la construcción del silo nuclear ante algunas informaciones que apuntaban a que esa autorización se produciría en el primer semestre de2018.
Fuentes del CSN reconocían a eldiarioclm.es que aunque se trabaja el análisis de la documentación relacionada con la solicitud de autorización de construcción presentada por "no hemos hecho público, ni tenemos intención de hacerlo, ningún plazo. Puede ser dentro de un mes, de un año o de cinco”. E insistían en que el "papel" del regulador atómico se limita a cuestiones relacionadas con la seguridad que antepondrá a "plazos o presupuestos".
También la polémica sobre la idoneidad de los terrenos para ubicar el basurero nuclear ha continuado durante todo el año, como ya ocurriera en 2016. El Ejecutivo castellano-manchego preguntó en el Comité Asesor del Consejo de Seguridad Nuclear sobre esta cuestión en noviembre de 2017. No hubo respuesta del organismo nuclear al no considerarse el “indicado” para dar esta información.
Pero, de hecho, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de junio una resolución para que el CSN emita un informe sobre la idoneidad de ubicación de este almacén .
El 30 de diciembre se cumplen seis años de la elección de Villar de Cañas
El Consejo de Ministros eligió el 30 de diciembre de 2011 a Villar de Cañas (Cuenca) como sede del ATC y de su Centro Tecnológico Asociado (CTA). Hoy, sigue sin haber empezado construirse unas instalaciones que deberían estar terminadas en 2018. Diseñado para una vida de 100 años, aunque el vigente plan general de residuos establece una vida operativa de 60, la previsión cuando finalice su vida es recuperar el material radiactivo, trasladarlo a un hipotético Almacén Geológico Profundo y desmantelar el ATC.
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