El Grupo Griñó niega las acusaciones de tráfico ilegal de residuos de Italia
El Grupo Griñó ha negado este lunes cualquier implicación en una presunta organización criminal destapada por la Guardia Civil e investigada por una juez que habría arrojado ilegalmente en vertederos de Tarragona y Cuenca más de 40.000 toneladas anuales de residuos procedentes de Italia desde 2021.
"La compañía niega de forma categórica las acusaciones vertidas sobre sus empleados y las sociedades del Grupo", han manifestado sus portavoces en el comunicado, pese a que la investigación, en el marco de la operación 'Rifuiti', sigue en curso.
A mediados de enero la Guardia Civil informó de la detención de hasta 15 personas por tráfico ilícito de basuras de origen urbano procedentes de empresas de tratamiento de residuos italianas a través de siete empresas implicadas en la trama, que estarían en la órbita del Grupo Griñó, cuya sede en Lleida ciudad fue registrada por agentes del instituto armado.
La Guardia Civil evaluó en 19 millones de euros el importe recibido por estas empresas en los últimos cuatro años por trasladar los residuos a Cataluña, en algunos casos peligrosos y tóxicos, cuya documentación podría estar falsificada, según informó el instituto armado.
Por su parte, fuentes de Griñó han manifestado que "desde el más absoluto respeto a la labor de la Justicia, siempre ha prestado y seguirá prestando toda la colaboración necesaria a las autoridades policiales y judiciales para lograr el total esclarecimiento de los hechos", que, según la firma, "se circunscriben a la actividad de traslado de residuos transfronterizos, que es perfectamente legal, y no llega al 2,5% del total de la actividad de negocio del Grupo".
Sobre el transporte de residuos, Griñó argumenta que "en Cataluña se están importando 2 millones de toneladas al año y unas 38 empresas se dedican a esta actividad regulada, siendo una actividad perfectamente habitual en el sector, mientras que las acusaciones al Grupo Griñó están relacionadas con el traslado de apenas 40.000 toneladas al año".
La firma asegura que cuenta "con las autorizaciones y permisos de las administraciones públicas para la gestión de residuos, y con las autorizaciones de traslado de residuos de otros países europeos", además de estar "sometidas a inspecciones y controles periódicos".
Con relación a los residuos importados desde Italia, Griñó insiste en que "en ningún caso se trata de materiales o residuos tóxicos, ni peligrosos para la salud o el medio ambiente".
Parafraseando un comunicado de la Agencia de Residuos de Cataluña, "la planta de tratamiento de Constantí ha recibido 9 inspecciones en los últimos 4 años, mientras que en el depósito controlado de Riba-roja se han realizado 46 inspecciones en el mismo período en coordinación con las fuerzas de seguridad", y recuerda que "en ninguna de estas inspecciones se han detectado residuos no autorizados".
La empresa leridana afirma que "los hechos de los que han informado los medios de comunicación no se corresponden con la realidad y algunas de las valoraciones procedentes del atestado policial no tienen más valor que el de una denuncia (sin prueba alguna)".
El Grupo Griñó asegura que durante el proceso "demostrará que su actividad empresarial se ha ajustado en todo momento a la legislación nacional e internacional, y que las acusaciones, que dañan gravemente su reputación, carecen de sustento".
