El Grupo Griñó afirma que "en ningún caso" ha recibido residuos tóxicos o peligrosos
El Grupo Griñó ha reclamado este jueves que se respete la presunción de inocencia ante la investigación judicial por una presunta organización criminal que habría arrojado ilegalmente en vertederos de Tarragona y Almonacid del Marquesado (Cuenca) más de 40.000 toneladas anuales de residuos procedentes de Italia desde 2021, pues ha defendido que "en ningún caso" ha recibido residuos tóxicos o peligrosos.
En una nota de prensa, el Grupo Griñó ha asegurado que "toda la actividad relacionada con la importación de residuos se ha realizado con estricto cumplimiento de la legalidad nacional e internacional" y ha garantizado que "no ha existido ni existe riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente".
A mediados de enero la Guardia Civil informó de la detención de hasta 15 personas por tráfico ilícito de basuras de origen urbano procedentes de empresas de tratamiento de residuos italianas a través de siete empresas implicadas en la trama, que estarían en la órbita del Grupo Griñó, cuya sede en Lleida ciudad fue registrada por agentes del instituto armado.
La Guardia Civil evaluó en 19 millones de euros el importe recibido por estas empresas en los últimos cuatro años por trasladar los residuos a Cataluña y Almonacid del Marquesado, en algunos casos peligrosos y tóxicos, cuya documentación podría estar falsificada, según informó el instituto armado.
En cambio, este grupo ha defendido que "en ningún caso" se han recibido residuos tóxicos ni peligrosos, y ha asegurado que ello puede ser acreditado por los procedimientos de admisión, los informes de inspección de las autoridades competentes y por los resultados de analíticas del control así como de las aguas subterráneas.
Asimismo, ha detallado que el parque ambiental de Reciclados del Marquesado tiene una capacidad de tratamiento de 600.000 toneladas para el periodo 2023-2024, mientras que la instalación de tratamiento ha recibido solamente un total de 8.038 toneladas de residuos transfronterizos.
También ha defendido que toda la actividad relacionada con la importación de residuos se ha realizado "con estricto cumplimiento de la legalidad nacional e internacional" y que todas las inspecciones realizadas desde los inicios de la compañía "han cumplido con la normativa ambiental vigente".
Por otro lado, ha recalcado que "no ha existido ni existe" riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente, ya que existe un control ambiental que "da garantías del buen funcionamiento de la instalación y la ausencia de impactos negativos para el medio ambiente y la salud".
Y ha detallado que los hechos que son objeto de denuncia se circunscriben a la actividad de traslado de residuos transfronterizos, "que es perfectamente legal y no llega al 2,5% del total de la actividad de negocio" del grupo Griñó, del que en conjunto dependen de forma directa más de 1.100 familias y otras 500 de forma indirecta.
En cualquier caso, ha mostrado "el más absoluto respeto" a la labor de la justicia y ha afirmado que "siempre ha prestado y seguirá prestando toda la colaboración necesaria a las autoridades policiales y judiciales para lograr el total esclarecimiento de los hechos".
