El Gobierno descarta finalmente construir un único almacén para residuos nucleares
El Gobierno descarta finalmente la opción de un único almacén temporal centralizado (ATC) para guardar los residuos de las centrales nucleares, que estaba previsto en la localidad conquense de Villar de Cañas, y opta por repartir la basura radiactiva en siete emplazamientos distintos, uno por cada central nuclear.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha anunciado en la noche de este martes que ha solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el informe sobre el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) previsto en la Ley sobre energía nuclear, así como el informe de las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.
El plan es el instrumento para establecer la política sobre gestión de residuos radiactivos y sobre el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares. Este documento tiene que sustituir al plan de residuos aprobado en 2006, que lleva caducado desde 2010, y que el Gobierno está obligado a actualizar para evitar una multa de la Comisión Europea.
En 2018, tras llegar al gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se comprometió a tener listo este plan en el año 2019. Lo hizo poco después de decretar la paralización del polémico ATC que el Ejecutivo del PP decidió construir en Villar de Cañas (Cuenca), ante las dudas sobre los terrenos del emplazamiento elegido.
Ahora se confirma que el ATC queda finalmente enterrado. Según el documento, durante el proceso de alegaciones “se han puesto de manifiesto las dificultades que se plantean para lograr el necesario grado de consenso social, político e institucional para la construcción de una instalación de esta naturaleza, por lo que se considera inviable disponer de un ATC” como el que preveía el plan de residuos anterior y que el Gobierno del PP intentó montar en ese municipio conquense cuando Castilla- La Mancha estaba gobernada por la popular María Dolores de Cospedal.
Así, el nuevo borrador contempla “un escenario de referencia” que incluye la “puesta en marcha de siete Almacenes Temporales Descentralizados en los emplazamientos de las centrales para el combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su traslado al almacenamiento definitivo”, un almacenamiento geológico profundo (AGP), “junto con sus respectivas instalaciones complementarias o medidas adicionales para el mantenimiento de los contenedores del combustible gastado”.
La opción de dispersar los residuos, más cara que un único almacén, ya se planteó en abril junto a la del ATC, al proponer construir siete almacenes temporales descentralizados (ATD) diseminados en los emplazamientos de las centrales nucleares: Almaraz (Cáceres), Ascó y Vandellós II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Santa María de Garoña (Burgos), José Cabrera y Trillo (Guadalajara).
Esos siete almacenes repartidos en cinco provincias españolas son una solución más costosa que el ATC. En el borrador que se publicó en abril se estimaba que su coste previsto para el periodo 2023-2100 sería de 19.234 millones de euros, frente a los 17.109 millones que, según el documento, costaría la alternativa del ATC. Una diferencia de 2.125 millones. La gestión de los residuos se costea a través de una prestación patrimonial que pagan las eléctricas por su producción nuclear.
AGP para 2072
El borrador del plan prevé la “continuidad de las actuaciones para ampliar la capacidad de los Almacenes Temporales Individualizados para el combustible gastado en las centrales nucleares, que permitan su explotación y su desmantelamiento”. El paso definitivo será enterrar los residuos en un AGP, “la opción más sostenible y segura como punto final de la gestión”, según el documento. Su emplazamiento no se decidiría hasta 2029-2032, y no entraría en funcionamiento hasta 2072.
La nueva versión elaborada por el departamento de Teresa Ribera “es resultado del análisis y toma en consideración de las alegaciones formuladas en el trámite de información pública y de consultas” al que se sometió la versión inicial desde el 12 de abril hasta el 16 de junio.
Esta versión revisada incluye también el cese de la operación de las centrales nucleares entre 2027 y 2035, en coherencia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales nucleares, firmado en marzo de 2019 entre la empresa pública Enresa y las eléctricas.
Asimismo, se prevé el inicio del desmantelamiento de las centrales nucleares a los tres años de su cese de operación definitivo, “excepto la de Vandellós I, cuya última fase se ejecutará a partir de 2030”; y la continuidad de la operación del centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba), para residuos de muy baja, baja y media actividad, “hasta completar el desmantelamiento de las centrales”.
Una vez recibidos los informes, el ministerio elaborará la propuesta final del 7º PGRR, que se remitirá al órgano ambiental para que formule la Declaración Ambiental Estratégica. Finalmente, será aprobado por el Consejo de Ministros y se dará cuenta posteriormente a las Cortes Generales y a la Comisión Europea, en cumplimiento de la Directiva de gestión de residuos radiactivos.
El informe solicitado al CSN sobre la versión revisada del 7º PGRR es independiente de los informes vinculantes, relativos a la seguridad nuclear, la protección radiológica y la protección física, que debe emitir el CSN con carácter previo a las autorizaciones que el MITECO concede para el ejercicio de las actividades de Enresa que se contemplan en el 7º PGRR.
