El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación (OAGTR) ha suscrito un convenio con todos los ayuntamientos, entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM) y mancomunidades de la provincia, a excepción de la capital, para gestionar sus tributos que, como novedad, permite delegar la competencia de los impuestos voluntarios tales como el de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), la plusvalía o la gestión en periodo ejecutivo de ingresos públicos, así como los gastos generados por las demoliciones, entre otras muchas cuestiones.
En el último pleno ordinario de diciembre se aprobó este convenio que ha entrado en vigor con el nuevo 2022, explica la diputada de Hacienda y vicepresidenta del OAGTR, Nuria Illana. El objetivo es adecuarse a las necesidades que tienen los consistorios conquenses dado que, sobre todo los más pequeños, se encuentran con graves problemas para hacer efectivos estos trámites tributarios debido a que no tienen personal cualificado para ello.
Illana destaca que esto ha sido “una de las demandas de los alcaldes y las alcaldesas” debido a que tenían serios problemas para, por ejemplo, repercutir a un vecino el coste de derruir un edificio en ruinas. A partir de ahora, será un técnico provincial quien se encargue de llevar a cabo estos expedientes.
Además, a juicio de Illana, se ayudará a los ayuntamientos con una nueva herramienta que será “moderna y eficiente”, que permitirán que la provincia y su gestión de tributos cumplan todos los requisitos que demanda la sociedad digital en la que vivimos.
Con el anterior convenio tan sólo se cobraban los impuestos obligatorios como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, así como, en el periodo de ejecutiva, conceptos como multas o sanciones.
A partir de ahora, en el periodo de ejecutiva se podrá cobrar “todo tipo de ingresos públicos”, un salto cualitativo muy grande para todos esos alcaldes y alcaldesas de pueblos muy pequeños, que tenían mucha dificultad para percibir estas tasas, según ha apostillado la diputada.
El convenio que ha entrado en vigor esta semana tiene una duración de cuatro años, más otros cuatro prorrogables. Además, como no podía ser de otra manera, se adapta a las obligaciones normativas que exige la legislación en materia de administración electrónica y protección de datos.
