La Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajos (Anpca) rechaza de plano las acusaciones de fraude, precariedad y explotación laboral que realizaba este lunes CCOO y recuerda que actualmente las empresas del sector se encuentran bajo supervisión y control directo de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social de cada una de las provincias donde desarrollan su actividad.
En un comunicado, la asociación que agrupa a más de 1.800 productores y a las 61 empresas más importantes de comercialización de ajo en España, señala que incluso en las campañas específicas las incidencias detectadas por la Inspección "han sido mínimas y subsanadas con la mayor celeridad posible", como así dicen que lo demuestran los resultados expuestos en las Comisiones de Flujos Migratorios celebrados en las diferentes subdelegaciones provinciales del gobierno cada año, "en las que tanto este sindicato como ANPCA están presentes".
Además de este control, añaden que la mayoría de las empresas del sector optan de manera totalmente voluntaria por acreditarse con la certificación GLOBALGAP GRASP, que asegura, además de la aplicación de las buenas prácticas agrícolas del producto desde el campo hasta la mesa, el cumplimiento de unas buenas prácticas sociales en la explotación, abordando temas específicos relativos a la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores.
Por todo ello rechazan las acusaciones que los representantes de CCOO realizaron durante la presentación de la campaña ‘Ajo sin fraude’ por la que reclaman medidas para "dignificar" el trabajo que se realiza en la manufacturación del ajo.
Desde ANPCA animan al sindicato a realizar las denuncias oportunas que considere necesarias en defensa de los trabajadores, del ajo y de todos los sectores, pero recriminan que se ponga en marcha “una campaña de desprestigio social intolerable", que a su juicio supone un ataque directo a un cultivo social que, “siempre tiene márgenes de mejora, pero que es de vital importancia para la economía de nuestra región”.
En este punto recuerdan que el sector del ajo supone la creación de más de 3.000 puestos de trabajo directos en la región, y genera más de 500.000 jornales anuales en los diferentes procesos por los que el ajo atraviesa desde su siembra hasta la puesta a disposición del consumidor final.
En la misma línea se ha expresado la organización agraria ASAJA, desde donde exigen a Comisiones Obreras a que "si conoce algún caso, lo denuncie ante los órganos competentes en lugar de salir en los medios para atacar a un sector que, en su inmensa mayoría, cumple escrupulosamente con la legalidad".
En este sentido, el secretario general de ASAJA Cuenca, Manuel Torrero, señala en un comunicado que la actitud "irresponsable" de Comisiones Obreras está haciéndo que numerosas empresas ubicadas en nuestra región dedicadas a este cultivo, "se planteen un BREXIT hacia otras zonas productoras de España para evitar verse salpicadas con acusaciones infundadas".
