Diputación rechaza el plan de cuenca del Guadiana del Ejecutivo de Rajoy

El pleno de la Diputación de Cuenca rechazaba este miércoles el Plan de cuenca del Guadiana en la parte del Alto Guadiana aprobado por el Ejecutivo de Rajoy y exigía al Ministerio de Agricultura y a la Confederación Hidrográfica un nuevo Régimen de Extracciones para la Masa de Agua Subterránea (MASb) de la Sierra de Altomira, atendiendo a los criterios técnicos que avalan la existencia de recursos suficientes –como así recogen los estudios realizados por un organismo oficial, como es el Instituto Geológico Minero de España ( IGME)– y la realidad socieconómica de una comarca que abarca 66 municipios, de los que 58 son de la provincia de Cuenca.

Lo hacía con la aprobación de la moción presentada por el Grupo Socialista en la que alertaba que con la decisión de la Junta de Gobierno de la Confederación del Guadiana – que el 21 de diciembre de 2017 acordaba reducir a la mitad las dotaciones de agua– “se están poniendo en riesgo cultivos sociales como el melón, la sandía, el pimiento, la cebolla o el ajo morado de Las Pedroñeras, cultivos que crean mucho empleo en la Mancha Occidental y que vienen manteniendo una de las zonas más despobladas de nuestra comunidad autónoma vinculada a la agricultura”.

Y es que, según explicaba el diputado socialista, Francisco Javier Moya, "nos han dejado una dotación de 20,5 Hm 3 de agua para regadío cuando tenemos una superficie de infiltración mayor que Mancha Occidental II, donde hay 90.000 Has. de regadío. El recorte sie se nos aplica se traduce en que las 11.000 Has. de regadío de Altomira – la menor superficie de España, con tan solo un 3%– se quedarán en 5.000 hectáreas, con el añadido de que no se aprobará ni una sola concesión nueva, ni siquiera para los jóvenes de nueva incorporación; y que los propietarios de los denominados ‘sietemiles’, pozos de 7.000 metros cúbicos de la sección B, no podrán acumular para poder hacer viables las pequeñas explotaciones. Y eso, según explicaba Moya, es condenar a la provincia “al fracaso, al abandono y a la no regeneración. Es el 66,25% de la provincia la que está en riesgo”, apostillaba.

De ahí que desde el PSOE consideren “urgentísimo” mostrar el rechazo al Plan para forzar a la CHG a que rectifique.

Los regantes ya han pedido una nueva Junta de Explotación, y lo que esperan es que la CHG reconsidere el Plan de Actuación y el Régimen de Extracciones, y se haga un reparto justo de agua teniendo en cuenta las características y recarga de cada masa de agua, “de manera que se disponga primero de los recursos hídricos allí donde se generan, atendiendo al principio de la cuenta cendente”.

La moción, que también exige consignación presupuestaria y recursos hidricos en el Plan de cuenca para resolver los expedientes de las explotaciones prioritarias, salía adelante con la abstención de IU y los votos favorables de PSOE y PP, después de que Prieto diera marcha atrás a su propuesta de dejarla aparcada para hacer un texto conjunto que “dejando el espíritu" de la misma, eliminara las referencias a las consecuencias que han tenido las decisiones del Ejecutivo de Rajoy.

Y es que, a juicio del presidente de la Diputación, aunque el plan de cuenca lo ha aprobado el PP no se le puede culpabilizar de la situación que se ha generado, "cuando hubo una dejación de funciones por los que tendrían que haberlo hecho antes de 2009. Pero no se hizo hasta 2016, con Rajoy en el Gobierno, y dentro de las dificultades que había se intentó hacer de la mejor manera posible”. Consideraciones que no obstante quiso que constaran en acta.

“Los planes de cuenca se aprueban cada seis años, y este lo ha hecho el PP”, contestaba tajante Moya, quien incidió en que en la moción solo se reflejan datos técnicos y objetivos avalados por informes tanto del IGME, como de la propia CHG o de la Seguridad Social.

“Lo que pedimos es que en se tengan en cuenta los 8 hectómetros cúbicos que el Instituto Geológico y Minero de España dice que podemos utilizar sin poner en riesgo la masa de agua ni perjudicar a otras; poder acumular concesión en los pozos de la sección B para permitir la rotación de cultivos, y una bolsa de derechos para los jóvenes de nueva incorporación como la que planteaba el Plan de Mancha Occidental II, porque tienen que tener derecho al uso del agua”.

ATC

Por otro lado, la mayoría ‘popular’ rechazaba la urgencia de la moción del Grupo Socialista por la que instaba al Gobierno de Rajoy a que paralice definitivamente el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radioactivos de alta intensidad, después de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha avalara la anulación del Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas que ampara la construcción del silo nuclear.

En la misma línea rechazaba la urgencia de la moción presentada por IU para instar al Gobierno central a garantizar el sistema de pensiones.

OTRAS MOCIONES

Sí se aprobaba la moción que este mismo grupo presentaba sobre Ahed Tamimi, la menor palestina encarcelada por defender los derechos de su pueblo frente al Estado de Israel, por la que, además de mostrar su apoyo a la joven y a su familia, así como a todos los palestinos que luchan por los derechos de su pueblo y la libertad, acordaban instar al Gobierno de España a solicitar la liberación inmediata Ahed Tamimi , así como la de todas las personas que están de forma ilegal e irregular; exhortar a las autoridades israelíes a cumplir la Convención de Derechos del Niño, y exigir a EEUU dar marcha atrás en su decisón de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y que se abstenga de trasladar su embajada a la ciudad.

Otra de las mociones que salía adelante, en este caso con los votos en contra de PSOE e IU, fue la presentada por el PP en apoyo a la prisión permanente revisable, por la que instaba a los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de esta figura.