La Diputación de Cuenca deja de ser, tres años después, la única institución provincial de Castilla-La Mancha que no se acoge al Plan Extraordinario por el Empleo del Gobierno regional gracias a la aprobación, en la sesión plenaria celebrada este miércoles, de una modificación de créditos del presupuesto ordinario que permitirá destinar 1,7 millones de euros a cofinanciar un plan del que se convocará una nueva edición en septiembre y con el que se pretende que en torno a 500 parados de larga duración de la provincia puedan insertarse durante seis meses en el mercado laboral.
Esta partida ha sido aprobada gracias a los votos de los diputados socialistas pese a la oposición del Partido Popular. El diputado de Cuenca nos Une no ha estado presente en el pleno.
El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, considera que con la participación en el plan de empleo la institución da prioridad a las personas, preocupándose además por quienes peor lo están pasando, que además de recibir durante medio año una renta de 900 euros mensuales netos se espera que recuperen la autoestima y, en un futuro próximo, puedan encontrar nuevas oportunidades laborales.
Son en torno a 12.300 los desempleados que según las últimas estadísticas tiene ahora mismo la provincia, y la diputada de Empleo y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Elena Carrasco, entiende que es necesario “devolverles la dignidad e incorporales a la vida de sus municipios con el resto de sus vecinos, que tengan la cabeza alta y puedan incorporar el dinero a la actividad económica de sus municipios”.
Con la adhesión del plan, Carrasco señala que también se pretende combatir la despoblación después de que, solo entre el segundo trimestre de 2015 y el segundo de 2018, la provincia perdiera 7.260 habitantes, muchos de los cuales “se van porque no tienen trabajo, por lo que hay que trabajar para que lo tengan, una prioridad para que se queden en sus municipios y estos puedan tener abiertas sus tiendas, sus panaderías, sus colegios”.
Rechazo del PP
En el PP han justificado su rechazo al entender que el empleo es “competencia exclusiva de la Junta de Comunidades” y el plan contempla que su financiación corra también a cargo de los ayuntamientos y de la Diputación, para lo cual esta última va a “detraer” un dinero que la corporación anterior había presupuestado para arreglar caminos (un millón de euros) y obras provinciales (en torno a 800.000 euros).
“No estamos en contra del plan de empleo, queremos generar empleo, pero de calidad. Y los caminos, muchos intransitables, son muy necesarios para nuestros pueblos, vitales para su desarrollo, lo mismo que la residencia de Beteta, a la que se iba a destinar un millón de euros y ahora se quitará una partida”, un recurso “por el que el alcalde y la comarca llevan años luchando para que genere empleo y acoja a personas que llevan toda la vida viviendo allí y la necesitan para terminar la vida en sus pueblos”, ha dicho la portavoz, Clara Plaza.
Defensa del PSOE
En el PSOE, sin embargo, entienden que la mejora de los caminos no está en juego, ya que, aunque se detrae un millón de euros de la partida prevista para este fin, quedan otros tres millones para ese mismo objetivo. Advierten además de que entre 2018 y 2019 se perdió medio millón de euros que se había presupuestado para adecentar caminos al no haberse ejecutado todo el proyecto previsto. Según sus datos, apenas se renovaron cinco caminos en tres años.
En lo que respecta a la residencia de Beteta, aseguran que si no se ha terminado esta residencia proyectada en el año 2005 ha sido por la falta de compromiso por parte de la Diputación en las últimas dos legislaturas, negando por tanto que se hubiera destinado alguna partida a este fin.
El presidente de la institución considera además que los ayuntamientos de la provincia llevan varios años reclamando que la Diputación se adhiera al plan de empleo y ahora anima a los alcaldes y alcaldesas a que sumen esfuerzos en "esta lucha contra el desempleo" que, según recalca, está dirigida "a todos los pueblos por igual".
