Diez ayuntamientos afectados por el cierre del tren recurren al Constitucional
Diez ayuntamientos afectados por el cierre de la línea de tren convencional Aranjuez-Cuenca-Utiel han presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales al considerar, entre otras cuestiones, que sufrieron indefensión al no poder presentar alegaciones en contra del informe en el que se basó el Gobierno de España para clausurar el tramo.
Los recurrentes dudan de la legitimidad e imparcialidad de este informe que fue elaborado por la empresa pública INECO, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. De hecho, señalan que miembros del Consejo de Administración de la mencionada INECO desempeñan cargos en el propio Ministerio.
Los municipios que inician este nuevo proceso judicial son los de Aranjuez, Arguisuelas, Camporrobles, Cañada del Hoyo, Carboneras de Guadazaón, Castillejo del Romeral, Huete, Santa Cruz de la Zarza, Víllora y Yémeda.
El alcalde de Huete, Francisco Javier Doménech, insiste en que van a mantener la lucha judicial para defender el ferrocarril "hasta el final" y reconoce que “nos gustaría haber tenido que evitar acudir a los tribunales, pero la sinrazón de los actuales gobernantes, sobre todo del Gobierno de España, no nos deja otra opción”.
Precisamente una de las medidas que han pedido los Ayuntamientos en este recurso es que se paralice el levantamiento de las vías, ya que el desmantelamiento de la infraestructura ocasionaría "perjuicios para los municipios de muy difícil reparación".
En el recurso presentado ante el Constitucional también se menciona la discriminación a la que, a su entender, se somete a los ciudadanos afectados por el cierre del tren. "Mientras en otras partes de España se invierte en el ferrocarril y en infraestructuras relacionadas con él, a la provincia de Cuenca no ha llegado ni un euro”, apunta el alcalde optense.
