Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas en las provincias de Cuenca, Albacete, Lleida y Murcia, a las que se les imputan los delitos de falsedad documental, estafa y delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El presunto responsable era un abogado que cobraba a los migrantes por expedirles certificados falsos.
Las investigaciones comenzaron en el mes de junio de 2022, cuando se tuvo conocimiento de que en la Oficina de Extranjeros de Cuenca se estaban presentando solicitudes de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales que incluían un certificado de viabilidad de proyecto de actividad profesional de dudosa autenticidad.
Tras realizar las oportunas gestiones, se pudo comprobar que dichos certificados eran falsos. Así, se logró identificar a los doce ciudadanos extranjeros que habían presentado la documentación falsa. Además, como es preceptivo que los ciudadanos extranjeros que solicitan cualquier tipo de permiso estén empadronados, los doce identificados presentaron certificados de empadronamientos fraudulentos.
Se pudo comprobar también que utilizaban para empadronarse viviendas en las que no llegaron a residir -aportando contratos de arrendamiento ficticios- ubicadas en las localidades de Las Mesas, San Clemente, La Alberca del Záncara y La Almarcha, todos ellas de la provincia de Cuenca.
UN ABOGADO DE ALBACETE, PRINCIPAL DETENIDO
En el transcurso de la investigación se logró identificar y detener como presunto responsable de las anteriores infracciones a un abogado que llevaba a cabo su actividad profesional desde un despacho ubicado en la ciudad de Albacete. Tenía a ciudadanos extranjeros en situación irregular como principales clientes, a quienes cobraba por facilitarles los certificados falsos.
El hecho de que el detenido centrara su actividad delictiva en la provincia de Cuenca se debe a que durante algunos años había ejercido en esta ciudad, y que aquí tejió una red de contactos que luego utilizó para el desarrollo de su actividad delictiva.
Durante la investigación se ha contado con la colaboración de la Oficina de Extranjeros de Cuenca, desarrollándose el operativo de forma conjunta por agentes de las comisarías de Albacete y Cuenca.
