Desarticulada en Iniesta una “agencia de colocación ilegal” de extranjeros irregulares

La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Cuenca ha desarticulado en Iniesta un entramado criminal dedicado presuntamente a la explotación laboral en labores agrícolas de, al menos, una veintena de ciudadanos extranjeros en situación irregular en nuestro país, entre ellos un menor de 15 años de edad.

Operación policial denominada ‘Peral’, por la localidad donde se inició la investigación, que ha culminado con la detención el pasado 1 de marzo de ocho personas, cinco de ellas como presuntos autores de un delito de falsedad documental y otros tres -los cabecillas de la organización- por los delitos de usurpación de estado civil, pertenencia a organización criminal y delito contra los derechos de los trabajadores.

Esta “agencia de colocación ilegal”, tal y como la ha definido el inspector jefe Javier Mayordomo, jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Cuenca, venía operando desde 2018 desde una tienda de alimentación de la localidad conquense de Iniesta, donde captaban a los extranjeros en situación irregular, aprovechando su vulnerabilidad y necesidad, para explotarlos laboralmente en tareas agrícolas; en concreto, en trabajos de poda de la viña.

Mayordomo, que ha acompañado en rueda de prensa a la subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mª Luz Fernández, ha detallado el modus operandi de esta organización, que consistía en la realización e altas ficticias en la Seguridad Social utilizando los datos de otros extranjeros en situación regularizada en nuestra país, usurpando, por lo tanto, su identidad.

Este entramado criminal ha operado en diez localidades de La Manchuela conquense; en concreto, Iniesta, El Peral, La Pesquera, Puebla del Salvador, Minglanilla, Graja de Iniesta, Castillejo de Iniesta, ledaña, Quintanar del Rey y Casasimarro.

INVESTIGACIÓN

La investigación policial, en la que también ha colaborado la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de Madrid, se iniciaba en El Peral a raíz de una denuncia, que permitió localizar a tres ciudadanos subsaharianos en situación irregular, que estaban trabajando haciéndose pasar por otros extranjeros, que sí se encontraban legalmente en nuestro país.

Tras tomar declaración al empresario agrícola de este municipio conquense, las correspondientes pesquisas llevaron a los agentes de la Policía Nacional hasta Iniesta, donde confirmarían la existencia de una tienda de alimentación, donde un matrimonio y uno de sus hijos estaban operando como “una agencia de colocación al margen de la ley” captando extranjeros en situación irregular para explotarles laboralmente.

Eran integrados en cuadrillas supervisadas por la organización para proporcionar mano de obra a los propietarios de fincas rústicas de hasta una decena de municipios de La Manchuela conquense.

Fuentes de la investigación policial aseguran que la red se aprovechaba de su vulnerabilidad y obligaba a los trabajadores extranjeros a firmar documentación falsa, apropiándose de parte de su salario y explotándoles durante largas jornadas de trabajo en condiciones extremas.

La Policía Nacional ha constatado la contratación de una veintena de trabajadores extranjeros irregulares, entre ellos un menor de 15 años al que obligaban a trabajar jornadas de trabajo desproporcionadas, a 5 euros la hora, impidiendo, asimismo, su escolarización.

Un número de trabajadores que podría ser mayor, a tenor, según el inspector jefe Javier Mayordomo, de la documentación encontrada en la tienda de alimentación de otras cuarenta personas más.

EMPRESARIOS AGRÍCOLAS

Los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras han tomado declaración a un total de cinco empresarios agrícolas de las localidades de Minglanilla, Castillejo de Iniesta, Ledaña, Iniesta y Quintanar del Rey.

Toda la documentación en poder de la Policía relacionada con estas contrataciones supuestamente irregulares será remitida a la Inspección Provincial de Trabajo con el fin, según Mayordomo, de que inicien los preceptivos procedimientos sancionadores “si vienen a cuenta”.

En este sentido, el jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras ha querido lanzar un mensaje a los empresarios para que “sean más escrupulosos” a la hora de las altas en la Seguridad Social.

Les ha instado a que comprueben la identidad de la persona dada de alta con la documentación original del trabajador y que no den por bueno el envío de esa documentación WhatsApp o se intenten excusar en el hecho de que los empleados lleven mascarilla.

Cuatro meses, por lo tanto, de investigación policial que han desembocado en la detención de estas ocho personas, que, tal y como ha apuntado el inspector jefe Mayordomo, podrían no ser las últimas, ya que tienen intención de “continuar tirando del hilo” por si esta práctica criminal se está llevando a cabo en otros puntos de la provincia.