La pandemia ha agudizado el problema de la ocupación ilegal de viviendas en Castilla-La Mancha, aunque Cuenca es la provincia de la región con menos casos detectados en el último año, tal y como reflejan los datos facilitados por el Ministerio del Interior a esta redacción.
En concreto, de enero a septiembre de 2021 se interpusieron en el conjunto regional 606 denuncias por ocupación. De ellas, 16 son de Cuenca, que registró seis más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 60%.
A pesar de este significativo aumento, a nivel regional, Cuenca se sitúa en el último puesto de la tabla ya que en Albacete se notificaron 56 casos, en Ciudad Real 68, en Guadalajara 78 y en Toledo 388.
Y es que esta, es una problemática que tal y como señalan el inspector jefe, Francisco Sánchez, jefe de la Brigada de Policía Judicial y el inspector, Joaquín Duque, jefe de grupo de la Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía de Cuenca “se produce esporádicamente y casi siempre de forma pacífica en la capital conquense”, donde los okupas suelen elegir viviendas ubicadas en barrios como Los Moralejos, San Antón o Tiradores.
Normalmente, los edificios escogidos son casas unifamiliares en las que no vive nadie, pertenecen a particulares y no a bancos o fondos buitre. “La mayor parte de las viviendas que se han ocupado estaban en un estado casi ruinoso como por ejemplo una en la calle Tintes”, apuntan.
CASOS REALES
Normalmente, el perfil del okupa en Cuenca es el de una persona vulnerable que no tiene recursos para alquilar una vivienda. Por ejemplo, de los dos casos detectados en lo que va de año, “tuvimos a una mujer con un bebé recién nacido que no podía alquilar y decidió entrar a una casa en San Antón”, apunta Sánchez. Una situación que se resolvió pacíficamente ya que el propietario llegó a un acuerdo económico mínimo con ella y finalmente fueron los Servicios Sociales quienes se hicieron cargo de su situación.
Por suerte, en Cuenca la Policía Nacional no tiene constancia desde hace años de que existan bandas organizadas dedicadas a ocupar viviendas para después volverlas a alquilar y sacar beneficio económico. Sin embargo, sí se han dado casos en pisos de alquiler para estudiantes.
Por ello, la Policía Nacional recomienda prestar especial atención a este tipo de situaciones y, si es posible, instalar puertas de seguridad, poner alarma y tener contacto constante con los vecinos ya que suelen ser quienes dan la voz de alarma.
DOS TIPOS DE DELITOS
Si bien, es importante diferenciar entre el delito de allanamiento de morada, que se produce cuando la vivienda ocupada es la residencia de alguien que no ha prestado su consentimiento a que accedan al interior de la misma y, por otro lado, el delito de usurpación u ocupación que se da cuando el okupa se instala en una vivienda que no constituye la morada de nadie, es decir, está vacía.
En el primer caso, el okupa se enfrenta a pena de prisión de seis meses a dos años y deberá abandonar la vivienda pero, en el segundo caso, solo se podrá ejecutar el desalojo con una orden judicial y el proceso puede prolongarse en el tiempo.
