La senadora por el PSOE de Cuenca, Carmen Torralba, ha puesto en valor la moción socialista aprobada en la Cámara Alta de apoyo y sostenibilidad económica de la farmacia en la España rural como establecimiento básico de carácter social y sanitario.
La presidenta de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico en el Senado ha destacado el valor de las farmacias en el ámbito rural, siendo “mucho más que un simple establecimiento comercial”. Y es que, tal y como se indica en la moción, “su labor va mucho más allá del mero suministro de medicamentos a una población que, por su general envejecimiento, precisa de los mismos con relativa frecuencia”.
Supone así en la mayoría de los casos “una atención personalizada a esa población, el seguimiento de sus dolencias y enfermedades más allá de la atención en el consultorio médico”.
La propuesta socialista aprobada por el Senado propone asegurar el sostenimiento económico de las farmacias rurales prestando especial atención a aquellas que prestan sus servicios en municipios de menos de 1.000 habitantes, estudiando la implantación de medidas en colaboración con otras administraciones en aquellos casos en que presenten una menor viabilidad económica por la disminución de población en el territorio en que se ubiquen.
Para ello, se ha dado el visto bueno actualizar las cuantías de las ayudas a estas farmacias VEC (de Viabilidad Económica Comprometida) en función del IPC y actualizar los límites de facturación para acceder al margen de compensación.
Torralba ha calificado de “servicio esencial” la farmacia rural, “si de verdad nos creemos que hay que dignificar la vida en el medio rural, ofrecer servicios a sus habitantes y generar empleo en nuestros pueblos”. Además, permite acceder a estos vecinos de los municipios más pequeños a programas de adherencia al tratamiento, educación sanitaria o participación en la detección precoz de enfermedades, entre otros servicios.
Por todo ello, ha dicho la senadora socialista y presidenta de la Comisión, “mantener la red de farmacias rurales en España debe ser una prioridad para todas las administraciones por su innegable interés público”.
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