Calentar la casa en invierno y/o hacer frente al pago de las facturas de luz y gas a lo largo de todo el año puede suponer una auténtica odisea para muchos hogares. Durante 2020, año marcado por la pandemia y la crisis social derivada de esta, en la provincia de Cuenca se concedieron 375 ayudas enmarcadas dentro del Plan contra la Pobreza Energética de Castilla-La Mancha.
Esto supone una bajada del 46,28% en relación con el año anterior, cuando se entregaron 698 ayudas, que alcanzaron a 169 familias. No obstante, según la delegada provincial de Bienestar Social, Amelia López, esta caída se debe a que, a partir del mes de abril, el Gobierno regional puso en marcha otro tipo de ayudas como las de emergencia excepcional Covid-19, que contribuyeron a paliar las situaciones de necesidad de muchos hogares, por lo que no tuvieron que recurrir a las específicas para hacer frente al pago de suministros energéticos básicos.
Los 375 hogares beneficiarios de estas ayudas en 2020 englobaban un total de 1.508 miembros, de los cuales 751 eran menores. Según los datos facilitados por Bienestar Social, 206 unidades familiares accedieron por primera vez a este recurso.
Las ayudas contra la pobreza energética bajaron un 46,28% respecto a 2019, en parte porque se pusieron en marcha las ayudas de emergencia excepcional CovidLa delegada provincial del área precisa que en 2020 también se hicieron menos paralizaciones de cortes de suministro energético que en el año anterior puesto que las ayudas hicieron que pudieran pagar estas facturas. Así, el pasado ejercicio hubo 14 paralizaciones (entre ellas, una reposición de suministro) mientras que en 2019 se registraron 35.
A fecha 5 de marzo de 2021, ya se han tramitado 102 ayudas y se ha actuado frente a tres paralizaciones de cortes de suministro.
El Plan contra la Pobreza Energética de Castilla-La Mancha engloba tres tipos de acciones. La primera modalidad consiste en ayudas de 150 euros para paliar la pobreza energética, que se podrán recibir hasta dos veces al año. Estas ayudas son gestionadas por Cruz Roja gracias a un convenio del Gobierno regional con la entidad humanitaria, que hará efectivo el pago en un plazo máximo de diez días.
En segundo lugar y a través de convenios con las compañías energéticas, desde Bienestar Social se interviene para impedir cortes (tanto paralización como reposición en caso de que se haya interrumpido ya el suministro).
Y finalmente, se contemplan ayudas de emergencia social por pobreza energética para el pago de suministros básicos, haciéndose cargo de todo el importe. La delegada provincial de Bienestar Social concreta que en 2019 hubo 14 mientras que en 2020 se concedieron solo dos. “Estas ayudas son similares a las de emergencia Covid-19”, apunta. “Y no son incompatibles con las del primer tipo ni con el bono social y el bono térmico que gestiona el Estado”, puntualiza.
