Dar voz al colectivo de mayores de la provincia y favorecer su participación en las políticas provinciales dirigidas al colectivo. Ese es el objetivo que ha llevado a la Diputación de Cuenca a aprobar el reglamento que permitirá la creación de un Consejo Provincial de Mayores.
Un compromiso del equipo de Gobierno que preside Álvaro Martínez Chana, que salía adelante este miércoles con la unanimidad de todos los grupos políticos.
Entre las funciones que tendrá el Consejo está la participación activa de las personas mayores, la elaboración de propuestas para confeccionar un Plan de Envejecimiento Activo de la Diputación o el empoderamiento de este sector de la población.
Según se ha puesto de manifiesto en el pleno ordinario de este mes de julio, la primera reunión será el próximo 1 de octubre.
El organismo funcionará en un pleno que estará formado por una presidencia que ostentará el presidente provincial, dos vicepresidencias y un máximo de 30 vocalías y que se reunirá una vez al año.
También habrá una comisión permanente que será la encargada la elaboración de informes y propuestas para el pleno, así como de la confección del programa anual de actuaciones del consejo.
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Por otro lado, en la sesión plenaria se ha dado cuenta de la del nombramiento de Nuria Illana como vicepresidenta tercera de la Institución provincial, después de que Joaquín Gonzalez Mena decidiera, que por razones personales, dejar sus competencias de gobierno. Por lo que igualmente se ha dado cuenta de la revocación de su dedicación exclusiva así como de sus competencias como responsable de Personal y del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, atribuciones que pasan al diputado Carlos Muelas, hasta ahora responsable de las áreas de Modernización, Innovación Tecnológica y Asistencia Técnica a Entidades Locales que ahora asume Nuria Illana.
El pleno también ha aprobado por unanimidad modificaciones en el Plan de Obras y Servicios (POS) de los municipios de Palomera, Valdetórtola y Sotorriba.
Por lo demás, se han rechazado las mociones de urgencia presentadas por el Grupo Popular. La primera referente al anteproyecto de Ley de Extinción de Cámaras Agrarias de Castilla-La Mancha, que se tramita en las Cortes regionales. Y la segunda, dirigida al Gobierno central, para que se elimine la deuda contraída por las entidades locales por la liquidación negativa de la participación en ingresos del estado de 2020.