Las condiciones laborales de algo más de 25.000 conquenses dependen de la negociación de una decena de convenios colectivos que expiraron a finales del pasado año o incluso antes y que deberán negociarse a lo largo de este 2020.
El metal, con más de 3.500 trabajadores, el campo, con más de 6.000 o la madera, con más de 1.000, son sectores con convenios que acaban de perder su vigencia a los que hay que añadir otros pendientes de años anteriores como el del comercio, que con unos 5.000 trabajadores debía haberse renovado en 2019 y cuyas negociaciones, ahora mismo rotas, han llevado a los sindicatos a movilizarse para exigir mejoras a la patronal; el del butano, también pendiente desde 2018; el de transporte urbano e interurbano, que en este caso perdió su vigencia un año antes, en diciembre de 2017; o el de ayuda a domicilio, sin renovarse desde diciembre de 2014, cuyo retraso supera ya por tanto los cinco años. En la construcción se deben además adaptar las tablas salariales al nuevo año según el IPC de 2019, algo que también ocurre en la hostelería.
Se trata de negociaciones en las que los sindicatos de la provincia, siguiendo las directrices acordadas para todo el ámbito nacional por sindicatos y patronal en el denominado Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), reclamarán una subida salarial mínima del 2 por ciento más un punto variable en función factores como la producción, la demanda o la facturación.
“Hay que empezar a negociar a partir de un 2 por ciento y, si puede ser, llegar al 3 sin que se considere que estamos pidiendo algo extraordinario”, sostiene José Azcoitia, secretario territorial de UGT en Cuenca, que lamenta que, por ejemplo, en el reciente acuerdo alcanzado en la limpieza de edificios y locales, que afecta a unos 1.500 trabajadores, se acordara una subida salarial del 2,2 por ciento para 2020 y 2021 pero de apenas un 1,6 por ciento para el pasado 2019.
Que sean cuatro los convenios pendientes de anualidades anteriores es algo que para la secretaria general de CCOO, María José Mesas, “no tiene justificación”, y lo achaca a la actitud “irresponsable y egoísta” del empresariado, que pese a que, según sus datos, está teniendo beneficios “se niega a un reparto de la riqueza más justo y proporcional”. Pone como ejemplo el caso del comercio, donde aunque la patronal alega un descenso en las ventas como consecuencia de la caída de la demanda por la despoblación y la competencia de internet, que lleva a muchos conquenses a comprar sus productos fuera de la provincia o hasta de España, “los datos oficiales hablan de que ha habido un crecimiento del 3,5 por ciento en el año 2019”.
El hecho de que los sindicatos exijan para todos estos convenios con retraso una subida salarial retroactiva, que se aplique a partir de la finalización de la vigencia del anterior convenio, es algo que dificulta el respaldo de la patronal a sus peticiones, pues implicaría un desembolso económico importante de golpe, aunque en CCOO aluden a “lo cómodo que para ellos ha sido estar en algunos casos hasta cinco años sin aplicar ninguna subida”.
Derechos perdidos
Azcoitia advierte de la necesidad de que la negociación mejore unas condiciones laborales que siguen sin recuperarse tras el “robo de logros y derechos” acaecido durante los años de la crisis económica, a lo que añade que la práctica totalidad de los convenios provinciales están por debajo de la media regional y nacional en cuanto a salarios. Uno de los casos más extremos es el de ayuda a domicilio, que al estar sin renovarse desde 2014 calcula que comprende unos salarios siete puntos por debajo de la media. Una situación que afecta a unos 400 trabajadores, la mayoría mujeres. Las negociaciones aquí también están rotas al ofrecer la patronal una subida del 0 por ciento para 2019 y 2020 y solo estar dispuesta a alcanzar el 2,2 por ciento en 2021 y 2022, según aseguran en UG.
María José Mesas advierte por su parte de que sigue habiendo determinadas categorías de algunos sectores con salarios brutos anuales que apenas rondan los 14.000 euros, cantidad que considera indigna para un trabajador.
Otras demandas
Junto a la subida salarial, las organizaciones sindicales reclaman planes de igualdad en todos los convenios con el fin de que haya una “igualdad real” entre hombres y mujeres y que se respeten los horarios de la jornada. “Mejorar las condiciones de trabajo es esencial para que haya paz en las empresas”, insiste Azcoitia.
“No todo es salario, porque también reclamamos políticas de igualdad que acaben con la brecha tanto salarial como de promoción, el derecho de los trabajadores a la desconexión digital o el control del sistema del registro horario”, insiste Mesas, que considera esto último una medida con la que “ganamos todos” al servir para controlar el volumen de trabajo y llevar una adecuada contabilización de las horas extras. “Son una herramienta para que el trabajador pueda reclamar ese tiempo extra que realiza, que no puede ser más de 80 horas al año”.
En paralelo a ello, los sindicatos entienden que las empresas y administraciones deben hacer un mayor esfuerzo por intentar animar la generación de empleo en sectores con mucho potencial como la industria agroalimentaria o la explotación de la masa forestal. Y para ello consideran indispensable, entre otras cuestiones, mejorar las comunicaciones con otros territorios o la prestación de los servicios públicos, limitados sobre todo en el medio rural.
