La Asociación de propietarios afectados por el incendio de Barchín del Hoyo ha pedido un Plan de Actuación sobre la zona quemada por el fuego a finales de julio, y han puesto de manifiesto la “perplejidad y desacuerdo” de varios propietarios con el planteamiento que les han trasladado los responsables de la Junta de Comunidades en una reunión mantenida el pasado sábado.
Según ha trasladado la asociación en nota de prensa, a la cita acudieron alrededor de 40 propietarios de los municipios afectados por el incendio como Gabaldón, Piqueras del Castillo, Valverdejo y Barchín, que se reunieron con el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rodrigo Molina; el jefe de servicio de Medio Natural, José Antonio García Abarca, y el coordinador de Agentes Medioambientales, Antonio Sancho.
La asociación ha indicado que los responsables provinciales les trasladaron que los 400.000 euros ofrecidos por el Ministerio de Agricultura irán destinados, principalmente, a actuaciones sobre terreno público, que supone el 8% del total de terreno quemado.
Un extremo en el que alguno propietarios mostraron su desacuerdo, al considerar que dedicar una inversión tan grande “a una extensión de terreno tan pequeña, de aproximadamente 200 hectáreas, era muy desproporcionada”, y plantearon la posibilidad de que se dedique parte de ese dinero a áreas de interés común, como el arreglo de caminos tras la extracción de madera.
Asimismo, según este colectivo, los responsables provinciales les instaron a “a realizar una corta y limpia del pinar quemado lo más rápida posible para evitar la aparición de dichas plagas, preferiblemente antes del 31 de mayo de 2020”, y apuntaron que no habrá labores de reforestación y que se espera una repoblación natural del terreno.
Respecto a las causas, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, pero varios asistentes preguntaron sobre las actividades de corta de romero realizadas por cuadrillas de trabajadores en el área de origen del incendio los días previos al inicio de éste, en un monte propiedad de la Junta, a lo que según estas fuentes los responsables provinciales replicaron que “estas actividades contaban con las autorizaciones administrativas pertinentes”.
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