Acusan de "fraude de ley" a Castilla-La Mancha en su intento de frenar el cementerio nuclear

La abogada especializada en medio ambiente, Pilar Martínez, ha denunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha incurre en un "caso de arbitrariedad, desviación de poder, abuso del derecho y fraude de ley" con la normativa que amplía el espacio protegido Red Natura 2000 Laguna de El Hito, "bajo el único propósito de frenar" la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).

Así lo ha expuesto la letrada -que representa los intereses de la Asociación de Afectados por la Ampliación de las Figuras Red Natura de la Laguna de El Hito y los ayuntamientos de Zafra de Záncara, Villarejo de Fuentes, Villares del Saz y Saelices-- en el Congreso de los Diputados en la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, en el marco de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

A juicio de la letrada, el Ejecutivo castellano-manchego no busca "proteger especies", sino que trata "simplemente de oponerse e impedir la construcción de una instalación nuclear", en lo que constituye un "uso instrumental" de la normativa medioambiental, ha informado la abogada en un comunicado.

La ampliación del espacio protegido Red Natura 2000 Laguna de El Hito pasó de 1.000 a 25.000 hectáreas, incluyendo los terrenos destinados a la construcción del ATC, apenas dos meses después de aprobarse un Plan de Gestión específico y "sin mediar ninguna circunstancia especial que justificara esta decisión", mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno autonómico de julio de 2015 y Decreto de octubre de 2016, ambos suspendidos cautelarmente por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Un procedimiento, ha expuesto la letrada, que soslaya la "preeminencia de la seguridad nuclear", que debe ser considerada de "interés público", y "adolece de vicios esenciales que determinan su nulidad". Los informes elaborados por los expertos José Carlos Escudero García, catedrático emérito de Ecología de la facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura y doctor en Ciencias Biológicas; y Domingo Gómez Orea, doctor Ingeniero Agrónomo, catedrático de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid, revelan "carencias esenciales en los informes técnicos que avalan la ampliación de la ZEPA e inexistencia de causas de protección real".

Según ha explicado, en el procedimiento para la aprobación del Decreto 57/2016 no se ha respetado el principio de garantía de la información y participación de los ciudadanos afectados, que han tenido que hacer las alegaciones ad cautelam, y pleitear contra la Administración por considerar dicha ampliación de Red Natura "inadecuada, desmedida, perjudicial y derivada de una actuación abusiva y arbitraria", frente a las voces que se oponen a la construcción del ATC.

El procedimiento seguido por el Gobierno de Castilla-La Mancha no contiene la memoria económica necesaria, que prevea un plan de viabilidad económica y de compensación a los intereses afectados de los ciudadanos, a lo que se suma que "no figura un mapa de Hábitats de Interés Comunitario, que constituye la base fundamental para justificar y definir la ampliación de la zona protegida, tal y como exige la Directiva Hábitats", ni existe un mapa georreferenciado representando los tipos de hábitats naturales de interés comunitario.

Pero más grave es, en su opinión, que atendiendo a los informes periciales, en el procedimiento de ampliación se haya tomado como base informes técnico científicos realizados en un plazo "insuficiente" de tres meses, y carentes de validez, al llevarse a cabo en el periodo septiembre-diciembre, fuera de la época reproductora de las especies protegidas.

Por ello, para Pilar Martínez ha indicado que el procedimiento del Gobierno de Castilla-La Mancha para ampliar el espacio protegido Red Natura 2000 Laguna de El Hito está "viciado" de "causas evidentes de nulidad radical", producto de una "utilización instrumental", de la normativa medioambiental para un fin distinto de la protección al medio ambiente, "impedir la construcción del ATC".

Los municipios en áreas nucleares critican que se eligiese al único municipio "con problemas técnicos"

Mientras, Mariano Vila, gerente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares -entidad que también comparece en la Ponencia (las Ponencias se celebran a puerta cerrada)- que "había ocho candidatos para la construcción de la ATC, pero se eligió Villar de Cañas, el único espacio con problemas técnicos, por motivos políticos".

"Ahora todo está paralizado y no estamos de acuerdo con que los residuos se queden en las propias centrales", ha lamentado Vila, que ha advertido de que "el proyecto se presupuestó con 800 millones de euros, pero alcanzaría más de 1.200 en la actualidad por problemas en el subsuelo".

La Junta quita hierro a las afirmaciones de la abogada

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha referido a las declaraciones de la abogada para restar importancia a sus afirmaciones que, según fuentes de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural consultadas por eldiarioclm.es, "no pueden entenderse como acusaciones" sino como "fundamentos jurídicos utilizados en términos de defensa de su pretensión judicial". Hay que recordar que representa los intereses de la Asociación de Afectados por la Ampliación de las Figuras Red Natura de la Laguna de El Hito y los ayuntamientos de Zafra de Záncara, Villarejo de Fuentes, Villares del Saz y Saelices.

Las mismas fuentes comentan que en su acusación de "fraude de ley", la abogada mantiene que la Junta ejercita "una competencia ambiental con un fin distinto a la protección de los valores naturales" y sostienen "no es cierto, al resultar evidente la existencia de especies naturales que exigen de una protección". Una opinión compartida, añaden, "por asociaciones ambientalistas", en alusión a Seo Bird Life.

También valoran desde la Junta las afirmaciones “técnicas” de la abogada que, dicen, “no se ajustan a la realidad” y, abunda, “se trata de conjeturas e interpretaciones interesadas que distan de las conclusiones técnicas del expediente, donde rotundamente se afirma la evidente e indiscutible existencia de valores ambientales relevantes que exigen una protección”.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural siempre ha mantenido que la iniciativa corresponde a sus competencias en materia de medio ambiente y que actuó cumpliendo "la obligación" que impone la normativa europea con respecto a la Red Natura 2000, de la que forma parte este espacio ambiental con fauna (aves en particular) a proteger.

En cuanto a la afirmación de Mariano Vila, gerente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares, sobre el incremento del presupuesto del proyecto para el ATC por “problemas en el subsuelo”, la Junta sostiene que “pone de manifiesto que la ubicación elegida no era la más adecuada”. Se trata, insisten las mismas fuentes, de un “subsuelo inestable que parece, a simple vista, un serio inconveniente para la seguridad nuclear”.