Pues tan bien, ¿no?

En mayo del pasado año el salón de actos de la Real Academia Española de la Lengua prestaba marco a las jornadas de la Primera Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible creada oficialmente en junio de dos años antes con dos propósitos esenciales: fomentar el lenguaje claro y accesible como fundamento de los valores democráticos y de ciudadanía y promover el compromiso de las autoridades para asegurarlo en todos los ámbitos de la vida pública. Con el respaldo de la autoridad lingüística de la RAE y las Academias Nacionales de la Lengua Española de todo el mundo, ofrece un servicio de interés general que aspira a incentivar la colaboración entre los poderes del Estado y la sociedad civil en torno a la lengua como valor superior y elemento vertebrador de nuestra sociedad en una acción que no se limita al lenguaje jurídico sino que atiende a toda forma de comunicación dirigida a los ciudadanos, algo que a lo que viene pareciendo ha despertado bastante interés como lo demuestra el que ya más de trescientas instituciones de todos los países de habla española se han sumado a ella. Viene al caso recordar tanto esas jornadas del pasado mayo como la propia creación de la red ante la noticia publicada en algunos medios de comunicación de que una de las Cámaras institucionales probablemente más revueltas y alborotadas en su lenguaje de las existentes en nuestro país –que ya es decir– la de la Comunidad de Madrid, anda ultimando con la RAE una jornada de trabajo para que precisamente tanto sus diputados como sus funcionarios se formen para emplear un lenguaje claro y accesible para todos en leyes, documentos y, ¡ojo!, debates, algo de lo que ya había informado la Mesa de la Asamblea en su última reunión del año pasado. Será un primer paso para intentar que –son palabras del académico Salvador Gutiérrez Ordóñez, filólogo director del Departamento de Español al Día desde 2008 y responsable del Diccionario Panhispánico de Dudas que será el ponente de la lección magistral de la convocatoria– para conseguir que se haga realidad lo que ha calificado de nuevo derecho de los ciudadanos a comprender las disposiciones que afectan a su vida sin necesidad de intermediarios. Es una cita para la que aún no se ha concretado fecha pero lo que sí se ha adelantado es que será para todos los diputados de la Cámara. Pues tan bien ¿no?, porque evidente es –desde luego a quien esto firma vaya si no se lo parece– que la idea de tal celebración y su propósito resultan más que oportunos en un hoy en el que tanto lo abstruso de tantos documentos oficiales como el tan omnipresente decir y decir para no decir nada que informa los hablares de la vida política alejan a cualquier españolito de a pie del entendimiento de lo que debería entender. Y si además nuestros representantes –los de la Cámara madrileña y también los de las demás de cuantas desarrollan su labor por nuestros hispánicos lares– aprenden a sustituir el grito y el insulto por el razonamiento y el debate sosegado, pues miel sobre hojuelas que hubieran dicho nuestros mayores más mayores, así que, déjenme que me repita: pues tan bien, ¿no?